Diego Díaz Pastor
Gestión, 30 de abril de 2026
La incapacidad del Estado para avanzar con los proyectos que el sector requiere no se debe a la falta de recursos, sino a una ausencia de norte claro en la política energética nacional.
Desde su puesta en marcha, el Proyecto Camisea ha generado más de S/ 67,000 millones en regalías e impuesto a la renta, constituyéndose en el pilar fiscal de regiones enteras.
«Mientras otros países de la región compiten por atraer inversiones que buscan diversificar la exposición a Medio Oriente ofreciendo marcos regulatorios previsibles, sencillos y atractivos, el Perú se encuentra atrapado en una parálisis de gestión».
En un mundo marcado por cada vez mayor volatilidad geopolítica, exacerbada por la Guerra de Irán, y el prolongado conflicto en Ucrania, los flujos energéticos globales se vienen reconfigurando, mientras que se disparan los precios de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Sin embargo, en este escenario de crisis, el Perú cuenta con un activo estratégico que ha funcionado como un blindaje parcial: el gas natural de Camisea. Gracias a este recurso, millones de usuarios domésticos, transportistas y el sistema de generación eléctrica han quedado a salvo de los shocks de precios que hoy han puesto en jaque a otras economías. ¿Cómo aseguramos que este importante recurso siga protegiendo el bolsillo de todos los peruanos?
La evidencia sobre el impacto de la explotación de gas natural en nuestro país no admite interpretaciones ideológicas. Desde su puesta en marcha, el Proyecto Camisea ha generado más de S/ 67,000 millones en regalías e impuesto a la renta, constituyéndose en el pilar fiscal de regiones enteras. Más impresionante aún es el ahorro generado en la balanza comercial, estimado en un valor presente de US$ 194,000 millones gracias a la sustitución de importaciones de combustibles líquidos y al impulso de las exportaciones. Este éxito es el resultado directo de un modelo contractual y de gestión privada que ha permitido transformar recursos en el subsuelo en estabilidad macroeconómica con impacto directo en los ciudadanos. No obstante, los hitos del pasado no garantizan la sostenibilidad del futuro si no se toman decisiones críticas en el presente.
Entramos ahora en un quinquenio determinante para la continuidad de estos beneficios en el largo plazo. Para sostener la producción y asegurar una oferta energética competitiva en las próximas décadas, la inversión en exploración debe reactivarse de manera inmediata. Es crucial implementar un esquema que permita la monetización del gas e incentive la inversión privada mediante una industria petroquímica y la exportación, estableciendo siempre salvaguardas que aseguren las reservas necesarias para el mercado local. Por otro lado, las principales concesiones de distribución y transporte de gas natural están ingresando a una etapa de definiciones sobre extensiones y nuevas inversiones. Mientras que la masificación en regiones tiene pendiente un esquema tarifario que asegure la continuidad del servicio. Sin nuevos descubrimientos y sin la infraestructura que conecte el recurso con la demanda, el Perú corre el riesgo de revertir su envidiable posición actual.
Sin embargo, el principal desafío que enfrenta el sector no es de carácter geológico, sino el creciente riesgo institucional y la retórica política hostil que se repite de forma cada vez más frecuente. Mientras otros países de la región compiten por atraer inversiones que buscan diversificar la exposición a Medio Oriente ofreciendo marcos regulatorios previsibles, sencillos y atractivos, el Perú se encuentra atrapado en una parálisis de gestión. La incapacidad del Estado para avanzar con los proyectos que el sector requiere no se debe a la falta de recursos, sino a una ausencia de norte claro en la política energética nacional. Esta debilidad institucional y la complejidad regulatoria nos pone en una clara desventaja competitiva, ya que los inversionistas globales priorizan jurisdicciones donde las reglas de juego no corren el riesgo de cambiar al vaivén de los discursos electorales.
Bajo esta premisa, el llamado a los candidatos de la segunda vuelta es que la gestión del sector energético no puede ser un espacio para la improvisación o el pago de favores políticos. Es crucial para el futuro del país que la seguridad energética se convierta en un eje prioritario de sus planes de gobierno, respaldado por la convocatoria de cuadros técnicos del más alto nivel para liderar el Ministerio de Energía y Minas. Solo mediante un equipo profesional y estable, y un norte en política energética, se podrá romper el círculo vicioso de inestabilidad administrativa (caracterizado por gestiones de ministros, viceministros y directores preocupantemente cortas) que ha detenido o ralentizado decisiones de inversión de largo plazo. La historia reciente de la región es muy clara: los países que apostaron por la estatización y la politización de la energía hoy enfrentan crisis de desabastecimiento, viéndose obligados a abrir sus mercados a las importaciones y la inversión privada de forma acelerada.
Finalmente, debemos ser conscientes de que la ventana de oportunidad es corta. Si permitimos que la ideología o la inacción gubernamental de los próximos cinco años ahuyenten la inversión necesaria para desarrollar nuevos yacimientos, infraestructura de transporte, distribución y seguridad energética, y la petroquímica, el daño sería irreversible para el desarrollo nacional. Es momento de que los candidatos elijan entre el estancamiento y deterioro paulatino de nuestra capacidad para tener mayor independencia energética, o el aprovechamiento estratégico de nuestra riqueza para cimentar el crecimiento de las próximas décadas. La historia no perdonará la falta de liderazgo en materia energética.
