Jaime de Althaus
Para Lampadia
No contenta con haber arruinado el país y retrasado más de 30 años la historia del Perú luego de las estatizaciones de los años 70 y de haber colocado al Estado al borde de la desaparición con la hiperinflación y el avance de Sendero Luminoso, la izquierda no ceja en el empeño de hundir la economía y destruir el futuro del país y de todos los peruanos.
Ahora logra aprobar en la comisión de energía y minas del Congreso un proyecto de ley que daña de manera letal el sistema de concesiones mineras, cuya consecuencia será la muerte de la inversión y del desarrollo minero del país justo en el momento en el que la transición energética global demanda gran cantidad de cobre y otros minerales.
Lo que podría ser la gran oportunidad del Perú para crecer, diversificar y sacar a casi todos de la pobreza, se convertirá en un cementerio.
En lugar de plantear una ley MAPE que integre a los pequeños en la formalidad y otra que reduzca la tramitología, se propone en buena cuenta eliminar la mediana y gran inversión formal.
Y con Petroperú lo mismo.
Ese dinosaurio estatal sobreviviente de las estatizaciones de los 70, se ha convertido en el último baluarte de la ideología socialista sin que a sus defensores les importe en lo más mínimo desangrar a los peruanos año tras año.
El gobierno, rindiendo tributo a ese buque insignia del delirio de grandeza estatista, acaba de inyectarle 500 millones de soles más de nuestro dinero, que se suman a los más de 24 mil millones que ya se le regaló en los últimos 4 años.
Es un robo desvergonzado a los peruanos, un asalto a nuestros bolsillos, que la izquierda defiende sin pudor ni contemplaciones.
Y mientras tanto el gobierno tuvo que suspender casi totalmente el programa beca 18 y tuvo que dejar de financiar las obras que estaba ejecutando la ANIN para prevenir el niño costero, por ejemplo, por falta de recursos presupuestales. Para no hablar de las brechas en seguridad, salud y educación.
Es que la izquierda, además, se ha vuelto experta en manipular la estructura social de beneficios concentrados versus perjuicios difundidos.
Sindicatos de empresas y organismos públicos y de ministerios se movilizan para exigir rentas, beneficios y privilegios, cuyo costo se diluye en la población general que tiene que pagarlos y que no está organizada para defenderse de esa exacción.
Los partidos de centro o derecha, que deberían representar y defender a la ciudadanía expoliada no solo no lo hacen sino que con frecuencia se suman al saqueo.
Allí están las leyes aprobadas por casi todas las bancadas que le regalan sueldos, cédulas vivas y nombramientos sin meritocracia y sin obligación alguna a cambio, con el resultado pavoroso de que a mayores sueldos, menores resultados y peores servicios públicos.
Esta situación no puede continuar.
¿Cuál será el candidato que se alce contra este estado de cosas? Lampadia
