Natale Amprimo Plá
El Comercio, 11 de marzo del 2026
“Las medidas que critico van a contramano de aquello a lo que deberíamos apuntar”.
Uno de los lamentos que reiteradamente se escuchan es el bajo nivel en el que ha caído la política. Oír “este es el peor Congreso” es algo que incluso ya los propios legisladores repiten.
Son muchas las razones que ha traído esta debacle que, período a período, se ha ido acentuando hasta llegar a los penosos niveles actuales y a los que, prepárese, seguirá descendiendo el próximo Parlamento.
Si uno revisa las listas de candidatos a los diferentes cargos electivos de las próximas elecciones generales, debería concluir que dos reformas que se introdujeron no han sido positivas a la luz de los resultados, y que, si hay sensatez, deberían derogarse.
Una de ellas es la llamada cuota de género con alternancia, que significa la participación de un porcentaje mínimo determinado en las listas (30%) y su ubicación de manera alternada; es decir, hombre–mujer–hombre o mujer–hombre–mujer, y así sucesivamente hasta cubrir la cuota.
Esta “discriminación positiva”, según indica el Jurado Nacional de Elecciones en su portal institucional y lo difunde en su Escuela Electoral y de Gobernabilidad, busca “la inclusión de grupos excluidos y garantizar que progresivamente se vayan superando prejuicios y resistencias culturales”.
¿Realmente alguien en el Perú de hoy puede sostener ello? Sensatamente creo que no.
La cuota y la ubicación alternativa de las listas lo que hace, en realidad, es vulnerar la democracia que debe ser la rectora de cualquier elección. La pregunta es: ¿por qué si en las elecciones internas de un partido son elegidos mayoritariamente candidatos de un determinado sexo (supongamos que femenino), estos deben ceder su lugar en favor de quienes no resultaron elegidos; o, habiendo resultado elegidos, son desplazados de su ubicación favoreciendo a quien obtuvo una menor votación?
La otra medida por corregir es la limitación del porcentaje de invitados para integrar las listas, lo que hace que el 80% de los candidatos sean militantes del partido; así, se quiere “fortalecer los partidos, incentivando la participación ciudadana”.
La aprobación de ambas medidas respondieron a loables propósitos; el problema es que, luego del tiempo transcurrido, es evidente que no funcionan, son irreales y atentan contra la calidad que requerimos en la política.
¿Qué debemos buscar ahora que hemos llegado casi al nivel de zócalo en la representación política? ¿No es acaso mejorar la representación para que esta no sea, salvo honradas excepciones, refugio de inescrupulosos y desempleados?
Las medidas que critico van a contramano de aquello a lo que deberíamos apuntar. Todos sabemos que hay una indiferencia ciudadana por participar en la política y que, además, los partidos no son, como antes, escuelas de formación. Es más, diría que la excelencia huye de participar en ellos y, además, ya sabemos cómo se logra la inscripción de muchos militantes, siendo incluso una quimera la propia existencia de la mayoría de partidos.
Si de por sí les da repelús la política, es mayor el rechazo por inscribirse como militante. Ni qué decir de participar en una campaña en la que su ubicación no estará en el lugar que haya logrado en la elección interna, sino como consecuencia de la cuota y alternancia que corresponda por mandato legal.
Medidas como las comentadas deben corregirse. La realidad y la representación que tenemos no deja margen de duda.
Revisen las listas de candidatos y coincidirán en el diagnóstico.
