Ian Vásquez
El Comercio, 24 de febrero del 2026
“El mensaje de la Corte Suprema, que en su mayoría es conservadora, es que el presidente (Trump) no es un rey”.
Finalmente, el viernes la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de la política insignia del presidente Donald Trump: determinó que es ilegal que el Ejecutivo haya impuesto aranceles a los países del resto del mundo a su gusto, bajo una ley de poderes de emergencia que se remonta a 1977.
Esto es claramente ilegal. La ley que Trump invocó (conocida como IEEPA, por sus siglas en inglés) solo le da poder para regular ciertos intercambios internacionales en momentos de emergencia, pero no de gravar impuestos. Bajo la Constitución, solo el Congreso tiene ese poder, tal como hizo recordar el presidente de la corte, John Roberts: “Reconociendo la importancia única del poder tributario, y tras haber librado una revolución motivada en gran parte por ‘la imposición de impuestos sin representación’, los redactores de la Constitución otorgaron al Congreso ‘en exclusiva […] acceso a los bolsillos del pueblo’”.
Esa ley ni siquiera menciona aranceles y ningún presidente la ha usado para crear tales impuestos. Aún así, Trump impuso de manera unilateral el mayor incremento de impuestos en décadas. La corte agregó que, bajo la doctrina de las “cuestiones importantes”, un presidente no puede tomar una decisión con un impacto así de enorme sin consultar al Legislativo.
Ante un presidente que considera que sus poderes tienen pocos límites, el fallo afirma la separación de poderes y refuerza el Estado de derecho. El mensaje de la corte, que en su mayoría es conservadora, es que el presidente no es un rey.
Por supuesto que Trump descalificó a los tres jueces conservadores que fallaron en su contra. Dijo que son “tontos y lacayos […] de los demócratas radicales de izquierda”. Agregó que son “desleales” y “antipatriotas”, descalificando así a la justicia al implicar que los miembros de la Corte Suprema deberían ser partidistas.
La política arancelaria de Trump no ha beneficiado a los estadounidenses. Se estima que los consumidores y empresas estadounidenses han pagado por lo menos el 90% del costo de los aranceles. La Tax Foundation calcula que cada hogar estadounidense tendría que pagar un promedio de US$1.000 adicionales por año en impuestos debido a esta política.
Desafortunadamente, que Trump tenga que revertir los aranceles en cuestión no significa que desaparecerán los aranceles estadounidenses. Varios aranceles de Trump seguirán vigentes porque los impuso invocando otras leyes que le dan al presidente autoridad bajo condiciones específicas.
Además, tras el fallo de la corte, Trump anunció que impondrá aranceles nuevos de 15% al resto del mundo bajo una ley de 1974. Para la mayoría de los países latinoamericanos a los que ahora se les aplica una tasa de 10%, como al Perú, esto significa un alza de cinco puntos porcentuales más.
Sin embargo, la ley que le permite a Trump aplicar este nuevo impuesto a las importaciones viene con condiciones. Solo se puede aplicar por 150 días y para tratar con déficits grandes en la balanza de pagos. Pero Estados Unidos no tiene un déficit en tal balanza, por lo que la aplicación de esta ley también es ilegal. Como es temporal, probablemente no valdrá la pena acudir a las cortes.
Mientras tanto, Trump buscará cómo aplicar aranceles usando otras leyes que no ha explotado del todo o que nunca se han usado. Un ejemplo de esto último es una parte de la Ley Smoot-Hawley de 1930, que autoriza al presidente gravar impuestos de hasta 50% a las importaciones de los países que “discriminan” el comercio estadounidense.
No se sabe bien cómo interpretar esta ley, pero sí apunta a algo de lo que podemos estar seguros: la arbitrariedad en la política comercial y la incertidumbre global que esto causa no han terminado.
