Las normas de seguridad de los productos y medioambientales se han multiplicado como una especie invasora, escribe Indermit Gill
Pablo Bustamante Pardo
Expresidente de IPAE
Director de Lampadia
Tomemos conocimiento de la importancia de participar como país en la formulación y administración de las normas que regulan el comercio internacional, muchas veces con más impacto que los propios aranceles.
The Economist
Indermit Gill, por invitación de The Economist
Economista jefe del Grupo del Banco Mundial
22 de enero de 2026
Traducido y glosado por Lampadia
Nada ha contribuido más al comercio global que un simple contenedor, de unos 12 metros de largo y 2.4 metros de ancho.
Podía llenarse de carga e izarse en camiones, trenes, barcos o aviones con la misma facilidad.
Esa humilde caja de acero —el contenedor de transporte estándar— hizo «más que todos los acuerdos comerciales de los últimos 50 años juntos» para impulsar la globalización, según ha señalado este periódico.
Hoy en día, la globalización se está impulsando en la dirección opuesta. Si se pregunta por la razón, muchos señalarán el aumento de los aranceles. Sin embargo, son las normas, no los aranceles, las que impulsan la mayor parte del impulso y representan la mayor amenaza para la globalización.
Las normas —que abarcan principalmente la seguridad de los productos y los requisitos ambientales— determinan qué productos pueden llegar al mercado y cuáles no. Un arancel puede repercutir en los consumidores en forma de precios más altos. O puede reducir las ganancias. Una nueva norma utilizada como barrera comercial puede, al menos temporalmente, interrumpir el comercio por completo.
Las medidas técnicas no arancelarias han superado a los aranceles como el principal lastre para el comercio. Entre la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1995 y 2021, los tipos arancelarios estándar que los miembros de la OMC aplican entre sí se redujeron casi a la mitad. Sin embargo, los gobiernos simplemente optaron por un instrumento de restricción diferente: las medidas no arancelarias experimentaron un auge, compensando gran parte de la disminución de los tipos arancelarios.
Las medidas no arancelarias afectan actualmente al 90% del comercio mundial en volumen, seis veces más que hace tres décadas.
Más de la mitad de las más de 20,000 normas establecidas en las últimas siete décadas no existían antes del cambio de siglo. El resultado ha sido la superposición y, a menudo, la contradicción de normas nacionales e internacionales que generan confusión y aumentan los costos de cumplimiento.
Las economías de altos ingresos siguen siendo las que más implementan. Desafortunadamente, pero comprensiblemente, muchos países en desarrollo también se han sumado a la iniciativa.
No es de extrañar que en 2024 la OMC recibiera casi 6,500 notificaciones de obstáculos técnicos y nuevas normas de salud y seguridad que regulaban el comercio de alimentos, animales y plantas, lo que representa un aumento de diez veces con respecto a 1995.
Las medidas no arancelarias no son intrínsecamente proteccionistas: pueden ser herramientas legítimas para proteger la salud, la seguridad y el medio ambiente. Sin embargo, su efecto sobre las exportaciones de los países en desarrollo suele ser restrictivo.
Esto se debe a que estos países exportan una mayor proporción de productos sujetos a estas medidas, en particular alimentos y productos agrícolas.
Los países exportadores deben ahora cumplir, en promedio, cuatro veces más reglamentos técnicos que hace tres décadas.
Los países suelen endurecer los reglamentos técnicos poco después de un aumento repentino de las importaciones, lo que sugiere que el verdadero propósito de muchas de estas medidas podría ser proteger a los productores nacionales.
Las consecuencias pueden ser severas. Obtener una certificación de cumplimiento puede costarle a un exportador 425,000 dólares, una suma prohibitiva para la mayoría de las empresas. Los países en desarrollo carecen del amplio sistema de auditores e instalaciones de prueba necesarios para que la certificación sea asequible.
Etiopía, por ejemplo, cuenta con menos de 100 auditores para las normas relacionadas con la Organización Internacional de Normalización ( ISO ); Alemania tiene 12,000. No es sorprendente que las empresas alemanas tengan costos de certificación más bajos, que oscilan entre 3,000 y 11,500 dólares.
Una norma puede ser beneficiosa: mejora la seguridad y el medio ambiente, a la vez que actúa como un catalizador discreto del progreso económico, reduce costes, simplifica procesos, impulsa la eficiencia y fomenta la innovación. Pero esto depende de una coordinación y cooperación precisas. Eso no es lo que ha sucedido en los últimos 25 años.
El establecimiento del orden depende de la plena participación de todos los países. Hoy en día, los países en desarrollo rara vez participan en la elaboración de normas, generalmente por falta de recursos y experiencia. Deberían intensificar su participación mediante el desarrollo gradual de capacidades. A medida que estas aumenten, deberían armonizar las normas nacionales con las internacionales. Finalmente, deberían esforzarse por contribuir a la elaboración de normas globales.
Cuando las normas se implementan correctamente, los beneficios pueden ser enormes. En la década de 1920, la División de Prácticas Simplificadas de Estados Unidos, fundada por Herbert Hoover cuando era secretario de Comercio, actuó como intermediario neutral para las normas voluntarias de la industria. Trabajando a través de asociaciones comerciales, para 1939 ya había implementado 173 Recomendaciones de Prácticas Simplificadas. Al aumentar la compatibilidad, las normas redujeron el desperdicio y liberaron capital para la innovación. Corea del Sur, por su parte, basó toda su estrategia económica en estándares de calidad. Para competir en el extranjero en la década de 1960, el gobierno construyó una infraestructura nacional de alta calidad, alentó al sector privado a desarrollar normas voluntarias y luego incrementó su participación en organizaciones internacionales como la ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional.
Estas experiencias demuestran que lo que parece un ejercicio técnico es, en realidad, una política económica eficaz. Nuestra investigación muestra cómo los países en desarrollo pueden aprovechar al máximo las normas. Promueve dos principios fundamentales.
En primer lugar, los gobiernos deberían establecer normas obligatorias solo cuando sean necesarias para intereses públicos como la salud, la seguridad y la protección del medio ambiente.
En segundo lugar, el sector privado debería tener la libertad de establecer normas voluntarias, como ocurrió en Corea del Sur, y el gobierno debería intervenir solo cuando la acción colectiva fracasa, y en ese caso solo como coordinador.
Los estándares funcionan mejor cuando se combinan con la capacidad. Ningún estándar perdurará si no puede ser fácilmente utilizado por el mayor número posible de personas.
Esta fue la idea que transformó al inventor del contenedor de envío estándar, Malcolm McLean, en un improbable arquitecto de la globalización: tras concebir la idea, impulsó su adopción global al autorizar a la ISO a distribuirlo sin patente. El resto es historia. Lampadia
