Natale Amprimo Plá
El Comercio, 28 de enero del 2026
“Ese proyecto está claramente orientado a permitir que funcionen industrias ilegalmente instaladas”.
Dentro de los hechos que se han destapado luego de la difusión de las imágenes del ingreso del actual presidente de la República a negocios regentados por ciudadanos de nacionalidad china, envueltos en situaciones no transparentes y de clara violación a la ley, hay uno que debe generar especial atención: la presentación del proyecto de ley 12101/2025-CR, del 14 de agosto del 2025, que lleva la firma de la congresista Ana Zadith Zegarra Saboya y también de José Jerí Oré, además de los otros congresistas de Somos Perú.
El proyecto de ley de marras es un auténtico Reinfo, extensible a cualquier manufactura y comercio que se haya instalado al margen de la ley.
Es decir, si hay una industria manufacturera o un comercio que no cuenta con un instrumento de gestión ambiental aprobado, podrá presentar hasta el 29 de junio del 2027 su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, sin incurrir en infracción administrativa por falta de instrumento ambiental. Así, de aprobarse la iniciativa, podrá funcionar, sin que siquiera se les pueda imponer una multa, pese a que su instalación es ilegal, gracias a la maquinación del señor Jerí y sus amigos.
Pero lo más extravagante del proyecto son las razones que se esgrimen para justificar su pertinencia. Según la exposición de motivos, con esta iniciativa se busca “impulsar la incorporación progresiva a la legalidad ambiental, sin desatender los estándares de protección ambiental… En ese sentido, no solo se fortalece la formalización del sector, sino que [se] contribuye a mejorar la calidad de vida, reducir impactos ambientales futuros y promover una industria más eficiente y competitiva”. Creo que ni Mario Moreno ‘Cantinflas’ lo habría podido decir mejor.
Nos preguntamos: ¿cómo se puede fortalecer la formalización sobre la base de, en la práctica, permitir que una planta industrial funcione, pese a no haber cumplido con acreditar aquello a lo que estaba obligado a obtener previamente? ¿Cómo se puede sostener que se contribuye a mejorar la calidad de vida y a reducir los impactos futuros, si se está autorizando al funcionamiento en una zona no compatible y carente de estudios? Quizás la lógica de los promotores de esta descabellada iniciativa es que se van a reducir los impactos futuros, ¡pues estos son presentes! Una vez más, creen que nos pueden tomar el pelo y que con palabrerías –el papel lo aguanta todo– pueden pasar piola.
Ese proyecto está claramente orientado a permitir que funcionen industrias ilegalmente instaladas, sin importar incluso si se ubican en zonas de reserva o de amortiguamiento ambiental. Habría que averiguar cuántas visitas hicieron los empresarios chinos a las oficinas congresales, cuando se planteó la iniciativa. Seguro que más de una sorpresa encontraremos.
Recordemos que la prensa, en época de la presidenta Boluarte, denunció la instalación de una planta industrial de capital chino en una zona agroindustrial, con los servicios legales nada menos que del hermano de la entonces jefa del Estado, y en la que, oh sorpresa, ha tenido participación el amigo presidencial Zhihua Yang.
Finalmente, es bueno precisar que la congresista Zegarra, compañera del presidente Jerí en el proyecto de ley de marras, acaba de ser retirada por el Jurado Nacional de Elecciones como candidata a diputada por la región Loreto, debido a que cuenta con una sentencia firme por el delito contra la Administración Pública.
