David Tuesta
Gestión, 23 de enero del 2026
La teoría del gasto advierte un riesgo: la planilla es el gasto más difícil de corregir, porque incorpora rigideces laborales, presiones políticas y conflictos social.
Un reciente informe del Consejo Privado de Competitividad muestra que al cierre del 2025, el gasto en personal y obligaciones sociales del sector público superó los S/ 85 mil millones. Inquieta su tendencia. Entre el 2021 y el 2025, este gasto se aproximó al 30%, con una dinámica intensa en los niveles con mayor fragilidad de control. Dado que el empleo estatal apenas creció en 2.5%, queda claro que prácticamente todo el incremento se concentró en sueldos sin ninguna justificación meritocrática. Despilfarro puro.
Y en esa línea, el indicador clave es el gasto anual por trabajador. En el 2021 era S/ 49,993 y en el 2025 llegó a S/ 62,007, un salto de alrededor de 24% en cuatro años. No hablamos de una economía que haya duplicado productividad. Por el contrario: hablamos de un país que ha vivido inestabilidad política y fragilidad institucional que ha afectado sus cuentas fiscales, su crecimiento potencial y ha menguado el servicio al ciudadano. En el 2025, el ingreso promedio del sector público fue S/ 3,688, alrededor de 13% mayor al del sector privado (S/ 3,252). ¿Es acaso el sector público más productivo que el privado asalariado? Sospecho que no.
Desde una perspectiva conceptual, gastar en planillas no es «malo» per se. El Estado produce bienes y servicios intensivos en trabajo: maestros, médicos, policías, jueces, técnicos. Sin capital humano público no hay provisión de educación, salud, seguridad ni justicia. Pero la teoría del gasto también advierte un riesgo: la planilla es el gasto más difícil de corregir, porque incorpora rigideces laborales, presiones políticas y conflicto social. Una vez que crece, rara vez retrocede. Por eso requiere reglas claras y gobernanza firme. Si no, el Estado cruza una línea peligrosa: deja de pagar por capacidad de provisión y empieza a pagar por renta, por captura, por clientelismo, por negociación política. ¿Les suena familiar?
Los «drivers» que empujan ese tránsito de eficiencia a distorsión son conocidos: populismo fiscal (aumentos permanentes ofrecidos como si fueran «costo cero»), erosión de meritocracia, fragmentación institucional que multiplica capas administrativas, y —quizás el más determinante en el Perú-irresponsabilidad normativa: leyes con impacto fiscal aprobadas sin evaluación técnica, sin consistencia presupuestal y sin visión multianual. En nuestro caso, además, ese proceso ha sido acelerado por un cóctel tóxico: pérdida de institucionalidad, incentivos electorales de muy corto plazo, iniciativas de gasto descontroladas desde el Congreso y, con demasiada frecuencia, una anuencia pasiva del Ejecutivo.
En el Gobierno Nacional, los mayores incrementos entre el 2021 y el 2025 ocurrieron en Educación -que tiene una bancada propia en el Congreso- (+S/ 2,469 millones), Interior (+S/ 1,091 millones) y el Poder Judicial (+S/ 681 millones). Si bien son sectores intensivos en personal; aquí el debate no es si gastar, sino cómo gastar mejor, con productividad y resultados medibles.
Y el tema del Congreso de la República es cosa seria. Este registra incrementos de 114%, con más de 25% sólo en el último año. Que el Congreso más que duplique su gasto en personal en cuatro años no es un dato neutro: es una señal de prioridades invertidas. En un país con déficit de capacidad estatal en territorio, con escuelas precarias y servicios de salud colapsados, lo último justificable es un Estado que pone la expansión de ciertas planillas burocráticas por encima de las urgencias ciudadanas.
Y en el ámbito sectorial, la evidencia más dura aparece en el gasto anual por trabajador: Fuero Militar Policial (+98%), Congreso (+85%) y JNJ (+70%) concentran los mayores incrementos respecto al 2021. En los gobiernos subnacionales el patrón tampoco es tranquilizador. En regiones destacan aumentos en Loreto, Piura y Cajamarca; porcentualmente resaltan Loreto y Ucayali. A nivel local, crecer más de 41% en cuatro años es una alerta: la planilla municipal se expande en un entorno de controles débiles que es terreno fértil para contratación sin meritocracia.
El telón de fondo es político: el Congreso se ha convertido en una fábrica de gasto corriente. El Consejo Fiscal identificó 229 leyes con potencial impacto fiscal adverso (2021-2025). Y en remuneraciones y pensiones, el costo estimado de iniciativas para el 2026 alcanzó hasta S/ 26 mil millones adicionales. Populismo fiscal en su forma más peligrosa, al comprometer recursos permanentes sin financiamiento y sin evaluación.
¿Qué hacer? Primero, seguir reforzando la regla fiscal para que no sea un saludo a la bandera. Segundo, reconstruir institucionalidad: meritocracia, gestión del desempeño, auditoría de duplicidades y rediseño de estructuras. Tercero, un Ejecutivo solvente que observe leyes y, cuando corresponda, las lleve al Tribunal Constitucional. Este último ha sido claro -incluyendo declaraciones recientes de su presidenta- en que no existe una «iniciativa de gasto irrestricta» del Congreso y que se ha abusado de interpretaciones previas como paraguas para justificar gasto. Eso eleva el estándar y traslada responsabilidad al Ejecutivo: hay que usar esa vía sin titubeos y ya.
Y, más allá de que el Gobierno actual es transitorio, tiene un deber: dejar bases institucionales. Porque el siguiente no heredará un debate académico; heredará un problema fiscal concreto. Y las planillas, cuando se vuelven «faenón» , no se pagan con discursos: se pagan con menos inversión, más impuestos futuros o recortes dolorosos.
