El proyecto de ley “contra el crimen organizado – delito tributario” pretende tratar como miembros del crimen organizado a los ejecutivos de las empresas, bajo la sospecha de delito tributario. Este proyecto ha despertado, justificadamente, el temor a que en el Perú se repita la vieja práctica autoritaria de usar la ley como arma de amedrentamiento político. Argentina y Venezuela son dos ejemplos ilustrativos.
El proyecto de Ley Penal contra el Crimen Organizado – enviado al Congreso por el jefe del Consejo de Ministros, Juan Jiménez – considera organización criminal a “cualquier grupo de tres personas o más, cualquiera sea su estructura, establecido a nivel local, regional, nacional o internacional, cuyos miembros actúen concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos de los señalados en el artículo 3º de la presente ley”.
Dicho Artículo dice que la nueva ley se aplicaría a “los delitos tributarios previstos en el Decreto Legislativo Nº813, Ley Penal Tributaria”. Aquí está el peligro, pues si el ejecutivo de una empresa incurriera en un delito tributario él y los demás directivos serían considerados cómplices y miembros de una organización criminal, equivalente a las de las bandas de crimen organizado, terroristas y narcotraficantes.
A los ejecutivos y empresarios, además, se les recortaría algunas garantías del debido proceso, pues el proyecto señala que “la pertenencia y participación de los miembros de la organización criminal se orienta inequívoca y directamente, no de modo fortuito y circunstancial, a la consecución de los objetivos de la organización criminal” (Sic).
El uso político de este tipo de normas ha servido para que en Argentina, el gobierno de Cristina Fernández haya perseguido al grupo empresarial Clarín. el cual fue allanado por 250 funcionarios de la SUNAT argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el 2009.
La misma AFIP ha sido denunciada por los sectores democráticos de ejecutar intervenciones similares en otras empresas con el objeto de acallar las críticas al régimen, y de haber impuesto un control arbitrario sobre la comercialización del papel para los diarios.
En Venezuela, la SUNAT llanera, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), acosa permanentemente a los empresarios críticos del régimen. El 2004 multó con más de 2 millones de dólares a tres empresas de televisión a las que acusó de no haber pagado tributos por los espacios publicitarios que donaron a la campaña electoral de la oposición. Como consecuencia de esta agresión Televen y Venevisión bajaron sus críticas, mientras que RCTV quebró y tuvo que refugiarse en la señal de cable.
La oposición venezolana acaba de denunciar que tres diputados del partido opositor Primero Justicia también están siendo acusados de no haber pagado impuestos con el objeto de acallarlos.
El presidente del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Guillermo Grellaud, ha señalado que la interpretación del proyecto “es monstruosa” porque la evasión tributaria, por ejemplo, no es un acto criminal propio de bandas organizadas.
“No se puede igualar un delito tributario con delitos graves como el narcotráfico, la extorsión o el terrorismo”, explicó.
El tema es de tal gravedad, que la Cámara de Comercio de Lima ha salido a enfrentar frontalmente el proyecto de Jiménez, como puede verse en el afiche mostrado.
El Congreso debería archivar dicho proyecto en aras de la calidad institucional de la República y el Estado de Derecho. No podemos dar el menor espacio a la arbitrariedad desde el poder.
