Roque Benavides
El Comercio, 8 de enero del 2026
“Defender la estabilidad jurídica, agilizar procesos y fortalecer el Estado de derecho son condiciones para promover la inversión y el desarrollo sostenible”, opina Roque Benavides, presidente del Directorio de Buenaventura.
La exploración en minería es como la investigación en otras industrias y parte esencial del ciclo minero, que garantiza la continuidad del negocio y sus contribuciones al desarrollo del país.
Pero esta no implica extracción, operación ni comercialización, sino el estudio del subsuelo para determinar el potencial de un yacimiento con criterios ambientales, sociales y económicos. Se trata, pues, de una etapa de riesgos: es de largo plazo, intensiva en inversiones y, además, no todas las exploraciones derivan en una operación minera.
Legalmente, una concesión es el título otorgado por el Estado para explorar o explotar, sin dar propiedad sobre la superficie ni autorizar, por sí sola, el inicio de operaciones. Sus funciones son ordenar el acceso a los recursos y brindar estabilidad jurídica a los que asumen el riesgo de invertir en la minería formal.
El hecho de que la superficie concesionada en el Perú sea mayor que el territorio en operación responde a la propia dinámica de la minería. Al inicio, la información geológica es limitada y requiere explorar áreas muy amplias. En la medida que se obtiene más información, estas áreas se reducen, concentrándose en zonas de mayor potencial. Este proceso de “aproximaciones sucesivas”, es un estándar técnico internacional y no prácticas de acaparamiento. Asimismo, una unidad minera requiere mucho espacio para componentes operativos, ambientales y de habitabilidad, indispensables para su funcionamiento.
Si bien, según el Ingemmet, cerca del 15% del territorio nacional está concesionado y solo el 1,4% está en actividad minera efectiva. Esta diferencia, lejos de un interés de concentración, refleja un proceso largo y riesgoso en el que muchas zonas deben ser evaluadas para que solo unas pocas se conviertan finalmente en minas en producción.
Adicionalmente, los titulares están obligados al pago anual de un derecho de vigencia y, de no alcanzar ciertos niveles de producción o inversión, deben asumir penalidades.
Además, un proyecto puede tardar hasta 40 años, entre las exploraciones y el inicio de la producción, según el IPE. A este plazo se suman procesos complejos como la obtención de permisos, acuerdos sociales y negociaciones con propietarios de terrenos, que elevan la incertidumbre. Por eso, la estabilidad del régimen de concesiones es prioritaria para incentivar la inversión minera formal, que pone todos sus esfuerzos en transformar minerales en valor tangible para el Perú.
En suma, las concesiones son punto de partida del círculo virtuoso de la minería responsable, así como un instrumento que permite iniciar las exploraciones y, eventualmente, avanzar hacia la operación, cumpliendo requisitos técnicos, ambientales y sociales de ley. Defender la estabilidad jurídica, agilizar procesos y fortalecer el Estado de derecho son condiciones para promover la inversión y el desarrollo sostenible.
Como decía Antonio Brack, primer ministro del Ambiente del Perú, los grandes temas del desarrollo suelen politizarse, dejando de lado el análisis técnico. El Perú tiene un gran potencial que debe asumirse con responsabilidad. La sostenibilidad, entendida hoy como ASG, que integra cuidado ambiental, desarrollo social y económico con gobernanza. Siguiendo el ejemplo de Brack, exige afirmaciones y decisiones informadas, instituciones sólidas y respeto a la ley, base para aprovechar nuestros recursos de manera sostenible y convertir ese potencial en desarrollo real para todos los peruanos.
