Ian Vásquez
El Comercio, 6 de enero del 2026
“Manejar el país manteniendo al régimen al mando y enfocándose en el sector petrolero es una receta para el fracaso”.
Todos los amantes de la libertad podemos celebrar la caída del dictador Nicolás Maduro, aunque existan serias preocupaciones sobre la legalidad y constitucionalidad de la acción militar ordenada por el presidente Donald Trump, así como sus implicancias para la política exterior más allá de Venezuela.
Un cuarto de siglo de socialismo derivó en un autoritarismo brutal que perpetró crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado y todo tipo de atropellos a los derechos básicos, convirtiendo a Venezuela en uno de los países menos libres del mundo. El resultado ha sido una sociedad sumida en una profunda crisis económica, humanitaria y social.
Pero la intervención militar, oficialmente ejecutada para combatir el narcotráfico y de la que se esperaba un cambio definitivo del régimen chavista, parece haber devenido en algo distinto. EE.UU. ha decapitado al régimen, pero la estructura dictatorial sigue en pie. Trump ha declarado que EE.UU. dirige actualmente Venezuela y que trabajará con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, para administrar el país. Esto incluye, según el mandatario estadounidense, la reconstrucción de la infraestructura nacional, especialmente la petrolera, hasta que se produzca una transición adecuada en un futuro indeterminado.
Proseguir de esta manera constituye un error estratégico y moral. Rodríguez ha sido una figura clave de un sistema que ha reprimido al pueblo; es repudiada por los venezolanos y, al igual que los otros líderes del régimen, carece de legitimidad. Entre estos figuran el criminal Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Ambos han sido acusados de tráfico de drogas por EE.UU. y son quienes poseen las armas y mantienen el poder real.
Si Trump desea lograr sus objetivos, lo mejor para ambas naciones es iniciar una transición hacia la democracia con líderes que posean legitimidad, en lugar de involucrarse en una misión de reconstrucción nacional mediante intervenciones torpes o una ocupación militar, opción que Trump no ha descartado.
Quienes gozan del apoyo abrumador de los venezolanos son la lideresa de la oposición, María Corina Machado, y Edmundo González, quien obtuvo casi el 70% de los votos en la elección del 2024 que Maduro robó. Increíblemente, Trump ha descalificado a Machado al declarar que ella no cuenta con el apoyo del pueblo venezolano, afirmación contraria a la realidad.
Cualquier cambio exitoso en la dirección de Venezuela requerirá legitimidad, algo que Machado y su equipo poseen. Más aún, cuentan con un plan de gobierno elaborado y una estrategia de transición bien estructurada que contempla acciones para las primeras 100 horas y los primeros 100 días en materia de seguridad, infraestructura, servicios públicos y gobernabilidad. Asimismo, se prevé la convocatoria a elecciones prontas para legitimar dicha transición.
Machado y González proponen reformas de largo alcance para restaurar la libertad y modernizar el país. Contemplan la apertura económica, la privatización del monopolio estatal petrolero, el fomento de la libre competencia, la limitación del poder estatal y el restablecimiento del Estado de derecho. Estas políticas son consistentes con los objetivos de la política exterior estadounidense.
Administrar Venezuela y conducirla hacia una transición democrática solo funcionará si la tarea recae en un gobierno legítimo, sin serios problemas de credibilidad para colaborar con EE.UU. Manejar el país manteniendo al régimen al mando y enfocándose en el sector petrolero es una receta para el fracaso que restará legitimidad a toda la misión. Sería más acertado que EE.UU. colabore con Machado y su equipo para lograr una transición a la democracia y permitir que los venezolanos reconstruyan su propio país.
