Franco Olcese
El Comercio, 7 de noviembre del 2025
La mayor responsabilidad en asegurar estándares éticos entre los candidatos para las elecciones del 2026 recae en los partidos políticos. Son ellos quienes tienen la capacidad real de controlar y supervisar a quienes postulan bajo sus símbolos.
Un candidato difícilmente puede triunfar sin el soporte de la agrupación política que lo respalda; por lo tanto, ese apoyo implica una obligación ética. Si un partido decide acompañar a alguien que no cumple con estándares mínimos, debe asumir las consecuencias y la responsabilidad por haberlo llevado hasta la contienda electoral. Esa será, en definitiva, la prueba ácida del grupo político: demostrar que pueden priorizar la integridad por encima de la conveniencia, que pueden hacerse responsables por sus candidatos.
Por su parte, los órganos electorales cuentan con menos herramientas para asegurar esos estándares. Aunque teóricamente tengan una responsabilidad, es poca su capacidad de agencia. Su margen de acción es más acotado y no pueden intervenir con la misma profundidad en la selección ni en el control de los candidatos.
Pero hay un punto crítico que condiciona esta tarea: su propia legitimidad. Según una reciente encuesta de Datum, tanto los partidos políticos como los organismos electorales gozan de un nivel de confianza muy bajo entre la ciudadanía. Esa desconfianza limita su capacidad de influir y de exigir mejores comportamientos en los candidatos de manera creíble.
El reto, entonces, es doble: además de asumir su responsabilidad en la selección y supervisión de candidatos, partidos y autoridades electorales deben trabajar en recuperar la confianza pública. Solo incrementando su propia credibilidad podrán ejercer plenamente la responsabilidad que les corresponde para asegurar que quienes pretendan gobernarnos cumplan, desde el inicio, con los estándares éticos que la población exige.
