Jaime de Althaus
El Comercio, 4 de octubre del 2025
“Es una lástima que un alcalde que ha demostrado notoria capacidad de ejecución, haya embarcado al país en una pugna que no va a tener un final feliz para nadie”.
No necesitamos a la izquierda para destruir la inversión. Un alcalde de derecha populista lo puede hacer con más eficacia. La concesionaria de Rutas de Lima, Brookfield, ha anunciado la disolución y liquidación de la empresa porque ha perdido el 60% de sus ingresos por peajes debido a decisiones judiciales impulsadas por la Municipalidad de Lima.
Esta es una muy mala noticia, primero, para la ciudad de Lima, porque no sabemos cómo van a quedar las vías que manejaba esa concesión una vez que la concesionaria, que ha invertido S/3.300 millones en su mejora, se haya ido.
Segundo, para la inversión en asociaciones público-privadas viales, que tanto se necesitan, porque si un juez cualquiera como el de Lurín, por ejemplo, puede suspender un peaje sin razón alguna, como ocurrió con los peajes de Conchán, el sistema de concesiones viales y la posibilidad de buenas carreteras en el Perú están condenados a desaparecer.
Tercero, para el clima de inversión en general en el país, como consecuencia del golpe letal a la seguridad jurídica que este caso entraña, y justo cuando necesitamos recuperar inversión privada fuerte para volver a crecer a tasas altas luego de que se desplomara tras la elección de Pedro Castillo.
Y cuarto, para todos los peruanos, no solo por la menor inversión futura, sino porque tendremos que pagar millonarias penalidades: ya van US$200 millones obligados por un laudo que la municipalidad tampoco quiere pagar, y nos quedamos con una demanda por US$2.700 millones.
El argumento del alcalde es que este caso no afecta la seguridad jurídica ni el clima de inversión porque es un caso de corrupción, en el que Brookfield compró a Odebrecht el 57% de su participación en Rutas de Lima a sabiendas de los pagos de Odebrecht a la alcaldesa de Lima. Pero este argumento es falaz porque esa compra se dio el 30 junio del 2016, y la revelación en Estados Unidos de un esquema de sobornos internacionales de Odebrecht se da meses después, el 21 de diciembre del 2016. Es cierto que Marcelo Odebrecht había sido sentenciado en marzo del 2016 en Brasil, pero por un caso de corrupción interno, vinculado a Petrobras. No por sobornos en otros países.
Brookfield es un fondo de inversiones global de origen canadiense muy grande y serio, fundado hace más de 100 años, que no tiene fama de corrupto ni ha sido sentenciado por malos manejos. Administra más de US$850 mil millones en activos en todo el mundo, según Internet. Que se vaya del Perú prácticamente expulsado y esquilmado va a golpear la imagen de nuestro país como destino de inversiones.
Por si acaso, aclaro que no tengo relación de ningún tipo con Brookfield.
Es una lástima que un alcalde que ha demostrado notoria capacidad de ejecución, algo que es algo poco frecuente en el Perú, haya embarcado al país en una pugna que no va a tener un final feliz para nadie y que, más bien, puede terminar representando –Dios no lo quiera– una contingencia muy grande para los peruanos.
