Diego Macera
El Comercio, 27 de julio del 2025
“Lo ideal, por supuesto, sería vender toda la empresa a algún privado. El problema es quién compra. Petro-Perú, tal cual está hoy, no tiene mayor valor financiero”.
¿Cómo entender en términos simples el dinero que viene perdiendo Petro-Perú regularmente? Quizá una forma sería decir que el año pasado perdió aproximadamente US$1.500 por minuto en promedio. O US$25 por segundo. De hecho, si usted es un lector veloz, en el tiempo que le tomó llegar a esta línea de la presente columna Petro-Perú ya hubiera perdido otros US$300.
Como buena parte de esta pérdida la venimos asumiendo nosotros, los contribuyentes, la reacción natural, emocional es decir basta. Hasta aquí llegamos. Privaticemos. Liquidemos. Apaguemos. No importa. Hagamos cualquier cosa que haga falta para evitar seguir perdiendo plata de todos los peruanos en el hoyo negro que es la refinería de Talara.
Nadie podría culpar a quien piense así. Pero la verdad es que, dado el entuerto multimillonario en el que ya estamos metidos, nos vemos obligados a elegir solo entre alternativas malas, pésimas y nefastas. Y, entre ellas, liquidar a la mala la petrolera pública no es el mal menor.
En este escenario, la empresa simplemente no paga sus cuentas y eventualmente muere asfixiada por proveedores que dejan de venderle crudo para procesar. Los bonistas y bancos, que tienen cerca de US$4.200 en deuda por cobrarse de Petro-Perú, además de proveedores y contratistas, no se quedarían con los brazos cruzados. Buscarían recuperar su dinero. Para eso, le tocarían la puerta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo que seamos todos los peruanos los que repaguemos. Si bien la deuda actual no tiene garantía explícita del fisco peruano, inversionistas y prestamistas siempre operaron bajo la premisa de que –ante cualquier problema serio de liquidez– papá Estado respondería, como accionista único de Petro-Perú (el actual MEF sí pretende hacer explícita esta garantía: un error mayúsculo). Sería una complicada batalla legal –aunque posible de ganar con buenas negociaciones–. La administración del oleoducto y otras actividades quedaría en el aire.
En el camino, la empresa sería desmembrada por inversionistas ávidos de cobrarse algo. La refinería de Talara y cualquier activo, posiblemente rematados por partes. Esto último hace poco sentido. Mal que bien, la refinería ya existe y genera valor. Por supuesto, es un proyecto que nunca se debió haber hecho, pero a estas alturas lo mejor que se puede esperar es que camine bien. Venderla por partes es mucho menos valioso que tenerla operando. En otras palabras, nos quedaríamos solo con la deuda, y no con el activo que compramos (mal) con ella.
Un camino menos drástico es intentar llevarla a un proceso concursal preventivo u ordinario en Indecopi. Legalmente, existe controversia respecto de si una empresa pública de las características de Petro-Perú podría entrar a este procedimiento, pero el consenso de abogados parece inclinarse hacia permitir esa posibilidad. Esto dejaría que Petro-Perú siga operando –quizá bajo administración ahora de las entidades a las cuales le debe dinero– mientras se ordena la deuda, y probablemente algunos acreedores deberán conformarse con menos de lo prometido. El concursal es un camino es menos dañino que el anterior, aunque no necesariamente limpiaría todo el problema y además depende –como en el caso de la liquidación– de contar con suficiente voluntad política de parte de los accionistas, es decir, del MEF y del Ministerio de Energía y Minas (Minem). En ausencia de condiciones financieras que obliguen al directorio a entrar al concursal, tendrían que ser ambos ministerios los que tomen la iniciativa. Esto podría dar un buen escudo y respaldo para negociaciones posteriores.
¿Qué alternativas razonables quedan? Lo ideal, por supuesto, sería vender toda la empresa a algún privado (la actual ley permite vender hasta 49% de sus acciones). El problema es quién compra. Petro-Perú, tal cual está hoy, no tiene mayor valor financiero. Aquí hay algunas ideas innovadoras dando vueltas. Una es apelar al interés geopolítico o estratégico que puedan tener algunos países con experiencia en el sector y las espaldas para aguantar una compra financieramente mala. Otra idea es dividir la empresa en dos, con una sección limpia o sana, y otra que se quede con los pasivos y la burocracia. Pero no será fácil.
La venta de acciones –siquiera una parcial– debería ser el objetivo central del camino hacia adelante. Es la ruta de otras petroleras estatales, como Ecopetrol. Lo principal aquí no es la inyección de capital que podría traer un nuevo inversionista, sino las mejoras en la gobernanza. Es decir, impedir que los políticos saquen y pongan presidentes, directores y gerentes de la compañía cuando se les ocurra, como ocurre hoy. Incluso se podría ofrecer que el accionista privado minoritario que entre tenga poder de veto en nombramientos clave y otras prerrogativas que le den mayor control y predictibilidad.
Podrían ser cuatro, pues, las condiciones que harían más probable colocar las acciones en el sector privado y darle sostenibilidad a la empresa. La primera es mantener una operación adecuada de la refinería de Talara. Si la unidad de ‘flexicoking’ trabaja a media velocidad, eso será imposible. Más allá de cualquier arreglo financiero, institucional o político, hay una realidad operativa que debe demostrar que funciona. Sin eso, todo el análisis cambia y habría que considerar apagar la luz.
Lo segundo es aprobar una ley que –de una vez– garantice independencia y manejo técnico desde el directorio y gerencias de Petro-Perú. Esa predictibilidad política no se logra con un decreto de urgencia (DU). La gente que toma decisiones difíciles necesita el respaldo firme de una ley. La norma debería ser explícita en el objetivo de vender acciones y garantizar algún tipo de control al accionista minoritario.
En tercer lugar, el gobierno y Petro-Perú no pueden seguir arrastrando los pies para abrir la cancha a asesores externos que acerquen la empresa a estándares de administración privada. Eso se exigió en el DU de setiembre del 2024 que le daba varios millones a Petro-Perú a cambio de mejoras, pero hasta ahora, casi un año luego, el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, dijo que recién “están evaluando” con junto el Minem el proceso de reestructuración. A este paso el mundo dejará de usar combustibles fósiles antes de que Petro-Perú se reestructure. Finalmente, en cuarto lugar, si todo lo anterior se ordena –y podría haber un proceso concursal entremedio–, sería más fácil renegociar deudas con bonistas que vean que la empresa, de buena fe, está dando pasos concretos para su mejoría.
Mucho de esto estaba ya en el plan de trabajo que planteó el directorio de Oliver Stark el año pasado. Pero la amarga verdad es que muy posiblemente, incluso en el mejor escenario financiero y operativo, la empresa todavía vaya a requerir más ayuda del gobierno –encubierta o explícita– para seguir operando sin retrasarse en sus deudas. Todas las salidas son malas, y a estas alturas lo que queda es elegir la que cueste menos. Lo indispensable es que el Estado no puede volver a abrir la billetera sin exigir nada a cambio. Ya van al menos dos años en que los supuestos requisitos para los salvatajes a Petro-Perú son ignorados.
Lo anterior, supone, lógicamente, que existe alguna voluntad política para impulsarlo. Hoy parece imposible. Incluso regresar al ámbito de Fonafe, algo en principio no muy difícil para dar un poco de orden, se ve cuesta arriba. Tendrá que ser entonces el siguiente gobierno y Congreso los que terminen de tapar de ese hueco. Y si eso vuelve a fallar, entonces sí deberíamos, finalmente, decir que Petro-Perú está irremediable e institucionalmente quebrada, y optar por la ruta que hoy parece más costosa para terminar de apagar la luz. Mientras tanto, en lo que le tomó a usted leer esta columna, ya perdimos otros US$10.000.
