Jaime de Althaus
El Comercio, 21 de junio del 2025
No se ha entendido que para dar la batalla contra la criminalidad en general, hay que repriorizar el presupuesto nacional.
El gobierno publicó el decreto supremo 003-2025-IN que aprueba la estrategia nacional contra la minería ilegal al 2030, un documento de 143 páginas que define objetivos y acciones a ser ejecutadas por una serie de entidades públicas, monitoreadas y coordinadas por el Alto Comisionado de la lucha contra la minería ilegal que está en la PCM.
Por supuesto, la mejor estrategia es limpiar y cerrar el Reinfo y formalizar lo formalizable, a fin de reducir el espacio ilegal. El 5 de julio serán excluidos del Reinfo alrededor de 40 o 50 mil suspendidos que no habrán logrado regularizar sus documentos en los 45 días otorgados para ello. Luego el ministerio avanzará en la formalización de los que tendrán Reinfo vigente. Se podría llegar a unos 30 mil a fin de año.
Con esto se reduce el universo de ilegales, para concentrarse en ellos. Aquí la idea clave de la estrategia es que de poco sirve destruir dragas y bocaminas –porque vuelven a instalarse o reabrirse– si no se interviene y controla los eslabones neurálgicos de la cadena de valor. Y esos eslabones críticos son los explosivos y las plantas de procesamiento en el caso de la minería filoniana (en la sierra), y la provisión de combustible en el caso de la minería aluvial en Madre de Dios y Loreto. Si se los neutraliza, la actividad muere por asfixia.
Eso requiere la construcción e implementación de puestos de control reforzados y multisectoriales, y no solo para controlar el ingreso de explosivos, combustible y otros insumos sino, además, para verificar la trazabilidad del mineral desde su origen (con tecnologías GPS y otras) y la legalidad misma de la operación. Es lo que se está haciendo ya en Pataz, que sirve de piloto de ensayo. La Sunat, a su vez, debe instalar o contratar laboratorios en las ciudades donde hay plantas de procesamiento para verificar el peso y la ley del mineral, a fin de que no se pueda camuflar oro ilegal que viene incluso, ya procesado, de Madre de Dios. Otro brazo de la estrategia es la inteligencia policial para eliminar las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.
Pero todo esto requiere recursos. Y el decreto establece que las distintas acciones se ejecutarán con cargo al presupuesto institucional. El programa de lucha contra la minería como tal tiene solo S/115 millones (frente a los 700 que tiene la lucha contra las drogas). Los puestos de control y los laboratorios cuestan, las acciones de verificación, interdicción y la inteligencia policial también. En Madre de Dios hay 500 caminos por los cuales se transporta el combustible: es necesario destruir caminos, puentes y los centros de abastecimiento. Con gran cantidad de hombres.
No se ha entendido que para dar la batalla contra la criminalidad en general, hay que repriorizar el presupuesto nacional, cerrando o postergando otros gastos y programas. Pero quizá la lucha contra la minería ilegal podría autofinanciarse con el oro incautado y si se formaliza parte de lo que ahora sale como ilegal.
La opinión pública tiene que vigilar que esta estrategia se cumpla.
