Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
No hemos terminado de cambiar de ministro de economía y finanzas y ya arrancamos el populismo fiscal y el desgobierno.
Hasta hace muy poco, teníamos un ministro comprometido con la eficiencia, el cuidado de la caja fiscal, tratando de cumplir nuestra regla fiscal y el impulso a la inversión privada, como la mejor forma de promover el crecimiento económico en el Perú.
No han transcurrido ni dos semanas y ya tenemos la aceptación entusiasta del nuevo ministro para incrementar de 2% a 4% el Impuesto de Promoción Municipal, para alimentar el FONCOMUN, en desmedro del IGV, que alimenta la caja del gobierno central.
Simultáneamente, al ejecutivo, ya no le incomoda un posible incumplimiento de la regla fiscal, que planteaba un déficit de 2.2% para 2025. Hoy, ni siquiera se enrojecen por deslizar una nueva meta del orden del 2.8%, tal como ocurrió con los ministros anteriores a Salardi.
No han tenido empacho en asegurar que, aumentar la canalización de recursos al FONCOMUN, no tendría ningún impacto fiscal, pues la recaudación total sería la misma y no se aumentaría el gasto. Si Toledo cometió la barbaridad -hasta hoy irreparable- de una regionalización no planeada y mal hecha, Dina será responsable histórica por el daño que se infligirá a las finanzas públicas a partir de esta mala decisión.
Los elementos básicos para el éxito de una tarea, estatal o empresarial son:
- Una buena visión.
- Tener un plan con objetivos claros y buena estrategia.
- Contar con un equipo profesional con capacidad de ejecución.
No es secreto para nadie, que los gobiernos municipales son los que menores capacidades técnicas tienen para definir sus prioridades, para preparar los expedientes técnicos, contratar y supervisar la construcción de proyectos, independientemente de las ineficiencias económicas propias de pretender la ejecución de una multiplicidad de pequeños proyectos, en lugar de manejar un paquete estandarizado de estos, contratando técnicos especializados.
Parece que no tuvieran claro, que el nivel más corrupto e ineficiente es el de los gobiernos locales.
Al año pasado, los gobiernos locales eran los responsables de tener 1,782 obras paralizadas, esto es 72% del total de obras paralizadas, dejando el 28% restante al gobierno nacional y a los gobiernos regionales.
Y, debemos ser conscientes de que, en la mayoría de los casos, el estímulo está en firmar contratos y soltar los adelantos, para que, una vez recibida la coima, se abandonen las obras, generando más frustración popular.
En suma, el problema no es un tema aritmético, es un problema de eficiencia, calidad y costo de gestión, al margen de reducir dramáticamente la corrupción en los niveles más visibles.
Por otro lado, el ministro Salardi dejó aprobada por el congreso, una ley para hacer más eficiente la aplicación de las Asociaciones Público Privadas (APP).
Este mecanismo, largamente más transparente y eficiente que los Convenios Gobierno a Gobierno (G2G), tiene la ventaja de minimizar la deuda pública, puesto que, los proyectos, se ejecutan financiados por inversiones de fondos internacionales, con 20% de cofinanciamiento público, inversiones que recuperarán en el tiempo -entre 30 y 50 años- con el cobro de los servicios brindados por la infraestructura construida por ellos e incluye la operación y mantenimiento durante toda la vida de la APP.
A contramano, el G2G viene con incremento de deuda pública, garantizada por algunos activos nacionales, llámese recursos naturales o concesiones de facilidades territoriales, entre otras modalidades, independientemente de los sobrecostos de ejecución y, se manejan como obra pública, pero al margen de la legislación peruana y deja la operación y mantenimiento al Estado peruano, cuya “eficiencia” conocemos.
Si algo nos ha protegido en el Perú, es la solidez de nuestras finanzas públicas y nuestro serio y estable manejo monetario a cargo del BCRP. Lamentablemente, desde el 2021, año en que la izquierda tomó el poder, hemos perdido el control del déficit fiscal, la voluntad de estimular, en los hechos, la inversión privada y generar confianza (no sólo con enunciados).
El país tiene una brecha importante en educación, nutrición, salud, infraestructura hídrica, sanitaria e infraestructura en general, que no estamos atendiendo a la velocidad debida.
Posponer la construcción de esta infraestructura, implica perder competitividad, mantener baja productividad, condenándonos al retraso de nuestro crecimiento económico y reducción de la pobreza.
Y, mientras tanto, muchos proyectos de inversión se postergan o se desarrollan en otros países, que les brindan mejor infraestructura para competir.
La herramienta más importante para este propósito, es el uso de las APP, pero el gobierno estaría deteniendo la marcha de las APP que se habían planteado con el equipo del ministro Salardi. Lejos de estimularlas, se está desbaratando todo el equipo, que teniendo el conocimiento y la experiencia, estaba comprometido en este propósito.
¿Alguien nos puede explicar el por qué este cambio de giro, cuál es el nuevo objetivo, estrategia y equipo ejecutor?
El Perú necesita una buena explicación, porque uno no debe cambiar lo que funciona, a menos que existan intereses subalternos. Lampadia
