Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
En el Ecuador, “Comandos de la frontera de las disidencias de las FARC”, acaban de asesinar a 11 miembros de las fuerzas armadas (FFAA) ecuatorianas. Es un hecho inédito que grupos subversivos de un país (Colombia), se enfrenten a las FFAA de un país vecino (Ecuador), en territorio de este último.
Esto significa una internacionalización del accionar de las mafias a manos de esos elementos subversivos, quienes actúan para defender sus principales negocios; la minería ilegal y el narcotráfico, dos actividades en acelerado crecimiento en el Perú y acompañadas de una cada vez mayor ola de violencia.
El sentir ecuatoriano es, que sus FFAA no cuentan con las capacidades, ni están preparadas para enfrentar a esos grupos terroristas. Tampoco tienen el aparato y los sistemas de inteligencia adecuados, que les permita entender este fenómeno, anticiparse a los movimientos de esa gente y combatirlos. Por lo antes dicho, sus FFAA estarían actuando sólo de manera reactiva frente a la violencia de esos grupos armados.
Lo cierto es que, este fenómeno, originado en la frontera suroeste de Colombia, se está proyectando y expandiendo hacia Brasil por el sureste y, por el suroeste, están penetrando las fronteras ecuatorianas y también la zona del río Putumayo en Perú. Esta vía, es el camino ideal para instalarse en territorio peruano y movilizar el flujo de drogas (cocaína y heroína), además de haber iniciado explotación aurífera en el propio río Putumayo y varios otros ríos de Loreto.
Recordemos que en el norte del Perú: Ayabaca, Morropón y Huancabamba en Piura; San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota, Santa Cruz, Bambamarca y Celendín en Cajamarca; Bagua, Luya y Rodríguez de Mendoza en Amazonas, son zonas con importantes cultivos de amapola, producción de látex y de heroína, zonas que también se usan de corredor para el tráfico de cocaína. Si a lo antes dicho, le agregamos el componente de la minería ilegal de oro, de la mano de organizaciones delictivas internacionales, tendremos pintado un cuadro explosivo.
Está verificado que, en Chota hay claros indicadores de lavado de activos y muestras de enriquecimiento ilícito. De igual forma, los indicadores de violencia, el impedimento por la fuerza del desarrollo de proyectos mineros importantes, como el de Conga hacia la zona de Celendín, reflejo de la afirmación de “La Rotativa” en febrero 2022, “Chota y Celendín, producen; Bambamarca, acopia”, es el indicador de que las economías delictivas no quieren tener ninguna proximidad del Estado ni de las fuerzas del orden. Lo mismo ocurre en el proyecto Río Blanco en Ayabaca.
Dentro de este marco, algunos miembros del ejecutivo y muchos congresistas, están alimentando el crecimiento de la producción aurífera ilegal. Mientras no se ponga término al REINFO y a la inmunidad ante la ley por estas actividades criminales, seguirá creciendo la violencia delictiva.
Mientras por su lado, el sistema judicial (Ministerio Público y Poder Judicial), sigan haciendo de las suyas, actuando a su aire y considerando que, por “control difuso”, ellos puedan aplicar o inaplicar las leyes que les venga en gana, tendremos un Estado fallido.
En el Perú, después de la victoria militar contra el terrorismo, la izquierda, de la mano de las ONG de derechos humanos, se ha ocupado de debilitar a nuestra FFAA y PNP.
Ha perseguido, en el campo judicial, absolutamente infiltrado por terroristas o abogados adoctrinados por estos, a quienes los combatieron y derrotaron en el terreno militar.
Llevan más de 20 años fustigando a militares y policías, tratando de bajarles la moral, postergándolos en sus remuneraciones y presupuestos.
Todo esto ocurre, mientras el delito, financiado por la minería ilegal y el narcotráfico, ha ido ganando espacio.
Debemos recordar que, durante estos últimos 25 años, se ha renovado a la mayoría del personal militar policial y, que mucha experiencia ganada durante los años de terrorismo se ha perdido, que los sistemas de inteligencia han sido manoseados por los distintos gobiernos, como reacción o rechazo al manejo del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional), de los tiempos de Montesinos durante la década de los 90.
¡Cuidado! No nos vayamos a encontrar dentro de poco en la situación sufrida por el Ecuador, puesto que, la actividad delictiva transnacional del eje Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, no ha descansado ni un solo día. Ha ampliado su radio de acción incursionando también en el Cenepa e incrementado sus fuentes de financiamiento. Los delincuentes han mejorado su entrenamiento y, ahora, ya no los limitan las fronteras, incluso aquellas defendidas con la sangre de nuestros soldados.
Veamos si no, a “Cuchillo”. No lo detuvo nadie en Perú, fugó a Colombia y, hasta ha tenido “el cuajo” de comunicarse con los programas de la televisión peruana, protegido por el delito transnacional, felizmente fue capturado en Colombia.
No debemos permitir que tantos congresistas, fiscales y jueces, estén coqueteando con el enemigo transfronterizo. No sólo eso, sino que, debemos impedir que, con dinero del crimen, puedan enquistarse indeseables en el congreso en las próximas elecciones.
Por eso, insisto en que, se debe aplicar la ley de extinción de dominio a todo lo incautado a la minería ilegal y narcotráfico, y destinarlo a combatirlos. Lampadia
