Janice Seinfield
El Comercio, 29 de abril del 2025
“Está bien que se le otorgue mayor autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera; el problema está en que no se cambia la cultura de gestión”.
Las severas intoxicaciones en Qali Warma llevaron al Ejecutivo a, primero, cambiarle de nombre a Wasi Mikuna. Como era más de lo mismo, las intoxicaciones continuaron y se optó por extinguir el programa y declarar en emergencia el servicio nacional de alimentación escolar. Ahora, frente a otra emergencia de salud, el gobierno opta por la misma “solución”: tras la muerte de siete personas por el suero fisiológico defectuoso de Medifarma, anunció el cierre de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y la creación de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Apemed).
Si bien la Apemed es una propuesta que viene trabajando la propia Digemid desde el 2023 para transformarse en una entidad con mayor autonomía y capacidad técnica, el Ejecutivo decidió enviarla al Congreso eliminando puntos claves. Uno de ellos es que suprime la posibilidad de que se financie con ingresos propios de trámites como certificaciones, autorizaciones y sanciones.
Pero vayamos un paso atrás primero. Dado que el Perú funciona bajo el modelo de economía social de mercado, la regulación es necesaria para corregir fallas en ciertos sectores que, por su naturaleza, tienen poca o nula competencia. En salud, a diferencia de las funciones de rectoría, prestación y financiamiento, la generación de recursos está a cargo de los privados. Son ellos quienes producen los medicamentos, mientras que el regulador analiza aspectos como si hay externalidades positivas y negativas en el consumo y la producción o problemas de información. Ahí vemos un primer defecto del proyecto de ley de creación de la Apemed: no contempla un área de estudios económicos, como sí la tiene el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Es decir, de conocimiento del mercado, nada.
La Apemed se concibe como un organismo público técnico especializado, que heredará las funciones de la Digemid y al que, además, se le encargará el proceso completo de evaluación y autorización de ensayos clínicos, antes compartido con el Instituto Nacional de Salud (INS). Está bien que se le otorgue mayor autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera. El problema está en que no se cambia la cultura de gestión ni se le otorga independencia en su financiamiento. La transición “a la prepo” a esta nueva entidad no establece un propósito claro dentro de un abordaje sistémico centrado en resolver los actuales problemas y riesgos que afectan a los ciudadanos. No define qué resultados y atributos se esperan de esta nueva organización: procesos predecibles, transparencia, digitalización, datos abiertos, labor interdisciplinaria, trazabilidad interna y externa, rendición de cuentas. De eso, nada.
Si lo que se busca con esta mayor autonomía es proteger a la Apemed de contaminación política, entonces su presidente ejecutivo debería estar obligado a emplear indicadores de desempeño y rendir cuentas periódicamente para que el directorio le renueve su confianza. A su vez, el directorio tendría que asumir funciones mucho más comprometidas con la operación de la entidad, como aprobar el plan de monitoreo de riesgos, dar luz verde a las normas de alto impacto que emita el organismo y estar conformado por profesionales de peso (no exigirles solo diez años de experiencia, como lo plantea el proyecto de ley). Pero de buen gobierno corporativo, nada.
Desde el 2007, la Digemid tiene varios procesos certificados con ISO 9001. Esto también debería continuarse en la Apemed para superar la visión de “lograr una certificación” y avanzar hacia un cambio cultural que instale un efectivo sistema de gestión de la calidad en la organización. Esto a la par con implementar sistemas de evaluación y fiscalización estandarizados.
Hoy, nada nos garantiza que la Apemed impedirá que se repitan casos como el del suero fisiológico. Necesitamos un debate técnico serio y transparente sobre esta propuesta. ¿Ni la vida de los peruanos es incentivo suficiente para que el Estado haga bien las cosas?
