Fernando Rospigliosi
Expreso, 28 abril del 2025
Esta semana se discutirá una nueva propuesta para permitir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales en la Comisión de Constitución del Congreso. Ojalá se apruebe y prospere luego en el pleno.
La reelección de alcaldes fue prohibida el 2015, en el nefasto gobierno de Ollanta Humala con el argumento de que existía mucha corrupción en los gobiernos locales. Eso era cierto, pero la manera de combatir la podredumbre no es eliminar la reelección, como ha demostrado la experiencia.
La corrupción sigue campeando y probablemente ha empeorado.
Además, el porcentaje de autoridades locales reelegidas era baja antes de aplicarse esa medida populista, que solo ha desmejorado al ya precario sistema político, al impedir que algunos buenos funcionarios ediles puedan continuar su trabajo y al dificultar la posibilidad de una carrera política.
Hay que precisar que se trata de una reforma constitucional, que requiere por lo menos 87 votos en dos legislaturas sucesivas. Es decir, tendría que aprobarse en esta legislatura y en la siguiente que empieza en agosto. Pero antes de octubre, cuando se convocarán las elecciones municipales y regionales de 2026, porque cualquier modificación de las reglas del juego electorales solo puede realizarse un año antes de los comicios.
Estamos a tiempo.
No obstante, un efecto perjudicial de esta posibilidad, es el populismo galopante de algunos alcaldes, como el de Lurín que, apañado por un pésimo juez, ha suspendido los peajes de Conchán, con el pretexto que dificulta el tránsito de los vecinos, cuando existe la Panamericana antigua que lo permite.
Como bien ha señalado Jaime de Althaus, “Si cualquier juez puede suspender un peaje sin razón alguna, el sistema de concesiones viales y la posibilidad de buenas carreteras en el Perú están condenados a desaparecer. (…) las consecuencias serán nefastas para el país. Si esto no se revierte, la empresa lo llevará a un nuevo arbitraje que con toda seguridad el país perderá. Pero no será el alcalde de Lurín, ni la población de Lurín, ni el alcalde de Lima, quienes pagarán el monto que el laudo establezca, sino todos los peruanos. Ese será el verdadero peaje, un peaje no para acceder a una carretera de primer orden, sino para ir a la destrucción de las carreteras. Porque, como es obvio, nadie querrá en el futuro firmar contratos de concesión vial en el Perú con tamaña inseguridad jurídica.”
Y añade, “Porque una concesión vial no solo construye. Sobre todo, mantiene. Se gasta siete veces más reconstruyendo una carretera destruida que manteniéndola permanentemente. (…) Afecta la imagen del Perú como país que respeta los contratos. Mas profundamente aun, afecta los derechos de propiedad, y sin derechos de propiedad, no hay inversión ni desarrollo. Por lo tanto, afecta el flujo de inversiones al Perú en general. Si alcaldes de derecha son capaces de eso, ¿qué se podría esperar de los de izquierda?” (“La barbaridad de la suspensión del peaje de Conchán”. Lampadia, 25/4/25).
