Jaime de Althaus
Para Lampadia
El shock desregulador anunciado por el ministro de Economía José Salardi corre el riesgo de empantanarse en medio de la resistencia de los ministerios y de la propia secretaría de gestión pública de la PCM que consideran sus fueros invadidos por el MEF.
La estructura diseñada para llevar a cabo este gran programa tiene tres entidades clave.
La primera es el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) del MEF, que se encarga de identificar y resolver problemas que impiden el avance los proyectos de inversión. De lo que se trata es que esta oficina no solo empuje los trámites, sino que, a partir de su experiencia, identifique las regulaciones que hay que eliminar o simplificar.
La segunda son las mesas ejecutivas, que son 16, donde los inversionistas plantean las normas o permisos que habría que eliminar, simplificar o reducir sus plazos.
Y hay incluso una tercera fuente de demandas: cualquier ciudadano o empresa puede denunciar un trámite o barrera absurda al siguiente link: https://forms.gle/j4P5kTHBEY32iL5T9
Las propuestas de eliminación o modificación que vienen de esas instancias van al Consejo Nacional de Competitividad (CNC) que, con la evaluación de impacto económico que realiza la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad (DGAEICP) toma la decisión final. De esa manera, el CNC pasa a una función más ejecutiva y decisoria (hasta el momento solo supervisaba el avance del plan nacional de competitividad, pintado en la pared). Para ello está reforzando su personal.
Aquí comienzan los problemas.
El Indecopi, por ejemplo, ha eliminado a lo largo de su historia más de 5,000 barreras burocráticas, pero por lo general esas resoluciones no tienen validez universal sino solo para quien demandó. Entonces, de todo ese universo, se ha identificado, en una primera etapa, 186 que deben ser eliminadas para todos por medio de un decreto supremo. Pero Indecopi quiere elaborar el decreto supremo.
De las 5,000, 1,846 barreras burocráticas corresponden a las municipalidades., que tienen autonomía. No se les puede imponer. Entonces el MEF está diseñando un programa de incentivos municipales para impulsar la desregulación.
Por su parte, los Viceministerios del ministerio de Ambiente y del ministerio de Energía y Minas están reclamando autonomía para manejar esos temas. Se habría decidido trabajarlos junto con ellos. Lo mismo la secretaria de Gestión Pública de la PCM, que tiene la obligación de aplicar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) al stock de normas -lo que llaman el AIR ex post-, pero no ha avanzado nada en ese terreno.
A mi juicio, el gobierno debería pedir facultades legislativas para concentrar temporalmente estas funciones en el MEF, o solicitarle al Congreso que apruebe una ley en ese sentido. Esto, por supuesto, en coordinación con las entidades sectoriales quienes se supone conocen las implicancias de un cambio normativo. Pero la responsabilidad final debe estar en el MEF.
De lo contrario, esto no avanzará a la velocidad y con la profundidad necesarias. Y necesita del máximo apoyo político y de la sociedad civil. Porque, además, la reforma incluye un nuevo régimen tributario y laboral siguiendo la propuesta del Combo Formalizador de Elmer Cuba y la CCL, así como una nueva estructura tributaria con menos regímenes tributarios y revisión de umbrales o rangos de tributación, que se trabaja con apoyo del BID. Y un cambio en las políticas de la SUNAFIL que acosa a las pequeñas y medianas empresas expulsándolas a la informalidad.
Esta es una reforma de gran calado de la que depende que las inversiones despeguen y que los micro y pequeños empresarios puedan crecer sin el peso aplastante de la regulación, facilitando de paso la formalización de la economía. Lampadia
