Jaime de Althaus
El Comercio, 5 de abril del 2025
“Debería centrarse más en analizar situaciones y discutir estrategias que en difundir un número de capturas que no significan nada”.
Nuevamente atentados y ataques en Pataz dejan muertos y heridos, pese a la presencia (inútil) de fuerzas del orden. En realidad, el Gobierno ya no tiene excusas para no tomar la decisión política de hacer lo que hay que hacer porque los elementos de una acción efectiva por fin están madurando. De lo que se trata es de aplicar una estrategia de tenaza. Con un brazo de la tenaza, el brazo policial-militar, se ataca y elimina las organizaciones criminales que han tomado el control de la zona. Pero eso requiere fortalecer sustancialmente el trabajo de inteligencia, muy pobre actualmente, y optimizar la coordinación entre la policía y los fiscales. Al mismo tiempo, intervenir las bocaminas o socavones y desalojar a los ilegales de las galerías de la minera Poderosa.
Para todo ello la empresa ha construido una base para 200 efectivos a fin de que se instale allí una división policial. La policía tiene que asignar el personal.
Y con el otro brazo de la tenaza, el económico-legal, se anula reinfos, se corta la entrada de insumos y la salida del mineral, y se ahoga el mercado de venta controlando o clausurando plantas de procesamiento.
Anular reinfos supone enviar equipos con GPS para verificar si los mineros inscritos en el Reinfo operan donde declararon y producen el volumen de dijeron. Si no coinciden, quedan excluidos y esos reinfos ya no se pueden usar para transportar oro. El Minem debe iniciar pronto esta tarea.
Pero esto supone poner en operación tres puestos de control reforzados que estarán listos en junio, con una balanza y capacidad para 100 personas, incluyendo personal policial, militar, de la Sunat y Sucamec. Esto para controlar el ingreso de explosivos e insumos y la salida del mineral, verificando la trazabilidad con un aplicativo donde el minero y el transportista registran todos los pasos de su operación, que van al sistema interoperable donde están todas las bases de datos. Ese aplicativo estaría listo en junio.
Lo otro es controlar e intervenir las plantas de procesamiento en la costa. Aquí el rol de la Sunat es clave. La semana pasada intervino cuatro plantas en Trujillo e incautó inmuebles, equipos y mineral por casi S/100 millones. Si esto fuera permanente y no esporádico, la minería ilegal desaparecería por falta de mercado.
Ayudaría a gestar e impulsar esta estrategia el denominado “Cuarto de Guerra”, en el que participan la presidente, el PCM, los ministros del Interior, Defensa y Justicia, el jefe de la policía y de las tres Fuerzas Armadas y el del INPE. Debería centrarse más en analizar situaciones y discutir estrategias que en difundir un número de capturas que no significan nada. Pero por fin se ha instalado algo así. Lo que falta es además la coordinación con la fiscalía.
Esta estrategia de tenaza es complementaria a una fundamental: formalizar a los mineros informales, discutiendo y aprobando una ley MAPE inteligente y realista. No solo para aislar a la minería ilegal, sino para integrar al sistema a un amplio sector andino del país, consolidando el Estado de derecho y la viabilidad nacional.
