Por: Felipe Morris
Perú21, 7 de Junio del 2022
“Aproximadamente el 80% de las viviendas en el territorio nacional fue construido informalmente, casi la mitad de ellas sin respetar reglamentos de construcción, a vista y paciencia de las autoridades municipales”.
Lo ocurrido en el pueblo de Retamas hace unos meses es un lamentable ejemplo de la indiferencia e incapacidad de nuestros gobiernos para enfrentar problemas de fondo, originados por la informalidad en general y el irrespeto a las normas. En este caso se trata de la construcción informal que muchas veces se realiza en terrenos invadidos no aptos para la construcción por estar en zonas de riesgo, sin cumplir con los reglamentos de construcción y normas municipales, y sin considerar la protección de la vida de los propios familiares. El pueblo de Retamas creció construyendo en las laderas de los cerros a pesar de que ya en 2009, luego de un derrumbe que causó muertos y heridos, las autoridades recomendaron reubicar esas viviendas por estar en zona de riesgo. Nadie asume responsabilidad, ni las autoridades ni los propios pobladores. Incluso ya el tema dejó de ser noticia sin haberse tomado medidas correctivas.
En el país hay más de un millón de viviendas en riesgo, establecidas en laderas y cerros inestables y arenosos, en quebradas de ríos o en rellenos sanitarios. Aproximadamente el 80% de las viviendas en el territorio nacional fue construido informalmente, casi la mitad de ellas sin respetar reglamentos de construcción, a vista y paciencia de las autoridades municipales. El Estado no es capaz de proveer terrenos con vocación urbana, lo que lleva a la ocupación informal del suelo mediante invasiones y construcción informal, con altos costos económicos, sociales y ambientales. Los efectos de un gran sismo serían lamentables. El sacudón de hace unas semanas nos recuerda lo expuestos que estamos.
Durante años, el Ministerio de Vivienda ha anunciado que lanzará medidas para atacar estos problemas, que nunca se materializan, mientras la situación se agrava. Los programas de vivienda están mal focalizados, orientando la mayor proporción de subsidios hacia familias de ingresos medios bajos y no a los más pobres. Se debe priorizar subsidios dirigidos al reforzamiento de las viviendas, al acompañamiento en la autoconstrucción brindando asistencia técnica y al reasentamiento de viviendas en zonas de riesgo no mitigable. También se requiere generar suelo urbano con servicios para impulsar la oferta formal de vivienda y así desalentar la invasión de tierras y la corrupción; lo que incluye la difícil tarea de difundir una cultura de la formalidad y de la legalidad. Los altos niveles de informalidad en la construcción demuestran las limitaciones de las políticas del Estado para combatirla, incluyendo la regularización a través de Cofopri, y la irresponsabilidad de la población. ¿Podremos hacerlo mejor?
