Entrevista a Henry Rafael
Expreso, 25 de marzo del 2025
Especialista en estrategias políticas y gestión pública señala que la economía peruana se volvió resiliente.
Henry Rafael, ¿cree usted que los problemas de la política influencian de manera directa a la economía?
En esencia sí. Sin embargo, la economía peruana se ha vuelto resiliente a pesar de las continuas y graves crisis políticas que hemos atravesado. Creo que los problemas de gobernabilidad y fragilidad política han sido uno de los factores que ha incidido en que el crecimiento económico no sea percibido de manera tangible por la ciudadanía, sin desmedro de los graves errores en materia de política fiscal que afectaron la percepción en el exterior de nuestra economía. El caso más palpable ha sido el manejo político que se ha hecho del déficit fiscal, que en los últimos tres años ha originado las consecutivas reducciones a nuestra calificación crediticia. Es un ejemplo claro de que el manejo ideológico de la economía siempre es un error.
¿La estabilidad económica ha sido la clave para soportar las constantes crisis que tenemos?
Sin esa estabilidad las crisis políticas hubieran sido mucho más profundas. El binomio crisis política/económica suele ser el desencadenante de situaciones que, en muchos casos, conllevan a crisis de mucho mayor envergadura, con niveles altos de convulsión social. En nuestro país, la solidez macroeconómica, en donde el BCR ha jugado un rol fundamental, con bajos niveles de inflación, con crecimiento por encima de la media de los países Latinoamericanos, ha ayudado a los sucesivos gobiernos a descomprimir las crisis que únicamente han tenido su origen en factores políticos, ligados principalmente a actos de corrupción.
Henry Rafael. ¿qué retos considera tiene el ministro Salardi como titular de economía?
José Salardi tiene el perfil de un técnico serio y con mucha trayectoria en el sector público, sin embargo el sector afronta varios retos de envergadura como el manejo del déficit fiscal. El ministro ha heredado un presupuesto desfinanciado en al menos S/ 10,000 millones, debido a la sobreestimación de los ingresos fiscales. Él ha anunciado el inicio del recorte en el gasto público, lo cual será un desafío importante, teniendo en cuenta el contexto preelectoral de este año. Los otros retos giran en torno al impulso de la recuperación de la recaudación tributaria, sobre todo de las empresas mineras y la aceleración de la inversión privada, en el contexto del proteccionismo externo y el embalse de la cartera de proyectos de inversión.
¿Mayor gasto público o mayor inversión privada?
Se necesitan de ambas. Más que aumentar el gasto, aumentar la eficiencia en la ejecución del gasto público, no solamente la eficiencia relacionada a la cantidad de ejecución, sino eficiencia en aquello que es prioritario y necesario en la ejecución de la política presupuestaria. Por otro lado, se debe dar prioridad también al desembalse de la cartera de proyectos de inversión privada que se encuentran en stand by, debido a las regulaciones asfixiantes, muchas de ellas de vital importancia para cerrar las brechas de infraestructura. El gobierno tiene en los mecanismos de las asociaciones público-privadas y de obras por impuestos una oportunidad por la cual debería apostar con mayor impulso, ya que han demostrado ser una alternativa real a la burocracia estatal.
¿Cree que el gobierno actual prioriza políticas públicas de carácter sostenible?
Hay tres principios fundamentales para la gestión de políticas públicas que tienen que estar en el ADN de todo funcionario: la eficiencia, la transparencia y la oportunidad. Otro de los elementos prioritarios para hacer sostenible el desarrollo es el enfoque de prospectiva estratégica, que permite eficiencia y sostenibilidad del gasto o la inversión. Tenemos además que entender que el concepto de desarrollo sostenible implica la comunión de dos elementos: la generación de desarrollo, principalmente económico; y en paralelo lograr que ese desarrollo genere sostenibilidad. La sostenibilidad no existe si no coexiste con el desarrollo económico. No puede haber uno sin lo otro.
Henry Rafael, ¿la inseguridad que se vive en el país afecta las inversiones?
En años recientes, el BID publicó un estudio en donde analizó las consecuencias que tiene el crimen y la violencia en las inversiones en América Latina y el Caribe, y los resultados son más que concluyentes, ya que el costo de enfrentar a la criminalidad representaba el 3.4% del PBI al 2022. En estos costos se incluyen la pérdida de capital humano por homicidios, los gastos en seguridad por parte de empresas y el gasto público en prevención del delito. Estos datos nos hacen ver la relación directa que existe entre esta problemática y el desarrollo económico, en donde las inversiones juegan un rol muy importante. Es una tarea urgente y pendientes aún de eficiencia en este gobierno.
Desafíos pendientes
¿Qué desafíos a nivel de políticas públicas tenemos pendientes?
Lo primero es hacer que el Estado sea eficiente y oportuno. Otro desafío es modernizar la estructura no solamente burocrática, sino de tramitología del Estado, eso lo ralentiza, impactando en la eficiencia de la gestión y los servicios. En tercer lugar, es necesario que se dinamicen aquellos proyectos en los que la ciudadanía sienta, en su piel y sus bolsillos, el crecimiento de los últimos años.
Por último, el planeamiento estratégico de nuestras políticas deben tener enfoque prospectivo. En mis clases de la maestría y en varias conferencias he señalado que estamos pasando del clásico enfoque de derechos, a uno que contemple la gestión de políticas públicas con una línea de base en innovación, ciencia y tecnología como pilares vitales para el desarrollo.
Congreso populista
El congreso sigue aprobando normas muchas de ellas sin la opinión favorable del MEF o de organismos técnicos.
Lamentablemente en los últimos años los ciudadanos estamos en medio de la combinación de un gobierno central débil y un Congreso populista que incentiva la informalidad y que viene teniendo incidencia en el deterioro de la institucionalidad, además de impulsar medidas que incrementan el gasto corriente, a pesar de que tienen una prohibición constitucional de aprobar normas que tengan impacto en las cuentas fiscales.
