Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
De acuerdo a la Constitución política del Perú, nuestro país tiene tres poderes del Estado; Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es cierto que, estos poderes del Estado, han admitido y encumbrado, gente de muy poca formación moral, baja calidad académica y alto sesgo político.
Lo dicho, ha traído como consecuencia, que la justicia se haya politizado en grado sumo y que la política se haya judicializado. Por si fuera poco, el Ministerio Público (MP), está creando su propia ficción de que son otro poder del Estado. No que son una institución constitucionalmente autónoma, si no un cuarto poder del Estado, susceptible de aplicar o no, las leyes dadas por el Congreso.
Ya nadie sabe su lugar. Se está armando una “guerra sin cuartel” a la que concurren estas cuatro entidades. Se suman a ellos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y, entre todos, objetan también al Tribunal Constitucional (TC) y sus decisiones. La fiscalía investiga a los congresistas por el sentido de sus votos, aunque debemos reconocer, que muchas veces actúan por corrupción y no por el interés nacional. Lo dicho debilita la institucionalidad, pues las protecciones constitucionales a los congresistas, no se diseñaron para proteger delincuentes.
El problema se desencadena, cuando por las razones anteriores, se quiebran todas las reglas. Se acusan unos a otros, se denuncian entre ellos, se inaplican las normas.
La JNJ destituye de forma “express” a quien se le antoja, pero blinda a sus amigos.
La Fiscal de la Nación (FN) entra en rebeldía en la aplicación de leyes y, aunque existe un proceso de inconstitucionalidad en el TC, para que el máximo intérprete de la constitución y las leyes defina, la FN desobedece abiertamente y quebranta la institucionalidad y sus normas.
El congreso, al no tener un Senado respetable, pretende avasallar normas constitucionales, sin que nadie pueda frenarlos y, de esta manera, se aumentan presupuestos, se arrogan iniciativa de gasto, entre otras acciones indebidas.
Lo preocupante de esto, es que, por esta vía, estamos debilitando al máximo nuestra institucionalidad. No se respeta la presidencia de la república, menos se respeta a la presidencia del congreso y nadie le hace caso a la presidencia del poder judicial. En este torbellino, la Fiscal de la Nación se envalentona y no quiere ser menos que los demás.
Actúa a su libre albedrío y sin pudor, archiva las carpetas de investigación de sus amigos políticos, a pesar de videos exhibidos en la flagrancia del delito, mientras persigue, sin cuartel, a quienes no comparten su ideología y antecedentes políticos, a la par que ordena allanamiento a sus propiedades.
Hemos llegado al punto que, el Estado se ha fragmentado en “bandas” con intereses políticos comunes; unos en el PJ, otros en la fiscalía, otros en el congreso, otros en el ejecutivo, otros en la JNJ y preocupa, que también se esté consolidando esta actitud en el sistema electoral. Como resultado, pareciera que la democracia peruana se va a desintegrar. Tal como recoge Juan Carlos Liendo en un artículo reciente, ya habríamos pasado las etapas de ablandamiento y deslegitimación de las instituciones, para encaminarnos aceleradamente a la fractura institucional, paso previo a la caída del gobierno.
Cualquiera pensaría que, estando próximos a una convocatoria electoral, esto pasará muy pronto. El problema es que, desde el gobierno de Toledo, con su regionalización mal hecha, se destruyó el orden en la gestión y control del Estado, incrementando burocracia y gasto inútil. Luego, la destructiva reforma política de Vizcarra, nos está conduciendo a una tormenta perfecta. Tendremos entre 42 y 60 “partidos políticos” en competencia e igual cantidad de “candidazos” presidenciales. Y, como todo está tan desprestigiado en la política, ningún personaje serio, bien formado profesionalmente y con valores, va a querer participar. Esto nos asegura, a futuro, una “clase política” de más bajo nivel. Como si después de Castillo y su gavilla de delincuentes, se pudiera caer más bajo.
- Hemos creado un Senado que responderá, parcialmente, no a una visión nacional, sino regional.
- Se está dejando la vía libre para el financiamiento criminal a los candidatos.
- Se mantiene la posibilidad de que, un congresista sea elegido por un partido, pero pueda cambiar de bancada cuantas veces le dé la gana, sin responsabilidad para ellos, ni para el partido que los llevó a la elección, durante los cinco años en el cargo.
- El tema ético se mantiene inexistente en el congreso y, la impunidad campea, aun tratándose de extorsión -camuflada de “mocha sueldos”- sin entender por qué es tratada tan ligeramente.
- Otro tanto ocurre con el manejo irregular de fondos del congreso, a manos de congresistas acusados, investigados (a duras penas), pero nunca sancionados.
- Mantendremos una representación parlamentaria, que no refleja la voluntad de los ciudadanos, en proporción a los votantes de los distintos distritos electorales.
No podemos permitir, que el Estado se siga desintegrando, debido a un “catch-as-catch-can” de todos contra todos. Lampadia
