Karla Gaviño
Gestión, 29 de enero del 2025
«Se estima que las actividades económicas ilegales movilizan recursos equivalentes al 3% del PBI, es decir más de US$7 mil millones»
La lucha contra las economías ilegales constituye un reto creciente para el Estado peruano. Según el informe, Indicadores para entender las economías ilegales en el Perú, de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (2024), se estima que estas actividades movilizan recursos equivalentes al 3% del PBI, es decir más de US$ 7 mil millones, ocupando el 6to lugar entre los países con mayor criminalidad en Sudamérica conforme al Índice global de crimen organizado 2023.
El narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, encabezan las encuestas de percepción ciudadana como las economías ilegales que más afectan al país. La cantidad de comisarías resulta altamente insuficiente påra hacerles frente. El informe evidencia que Madre de Dios y Ucayali, donde se tiene una fuerte presencia de estas actividades, solo tienen 12 y 15 comisarías, respectivamente.
Las cadenas logísticas de las economías ilegales requieren de infraestructura para el transporte desde los centros de extracción, hacia los puntos de tratamiento y comercialización. Distintos estudios señalan la vinculación entre la infraestructura pública y la expansión de las economías ilegales.
Recientemente, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible – Perú publicó el informe ¿Hacia la resiliencia de las cadenas logísticas del narcotráfico y la minería ilegal? (2024), identificando cinco proyectos de infraestructura vial en Loreto y Ucayali, que podrían ampliar las oportunidades de conectividad para el abastecimiento de insumos a favor de cocaleras y a las cuencas donde operan mineros ilegales.
¿Cómo prevenir la utilización de infraestructura pública por las economías ilegales? Sin pretender aportar soluciones únicas y precisando que se requiere de estrategias integrales, recomendamos considerar dos medidas que rápidamente se pueden abordar desde la inversión pública:
1. Mejorar la matriz de involucrados, el estudio de demanda y de beneficiarios durante el análisis técnico de previo a la ejecución. Ello, con una visión territorial y metodologías específicas, articulando con la identificación de zonas de producción, tratamiento y comercio de las economías ilegales, que normalmente no se incluyen en las guías generales de proyectos.
2. La inversión pública carece de herramientas técnicas para evaluar impactos de proyectos en funcionamiento, lo que consideramos genera ausencia de información clave para futuros proyectos en zonas donde operan las economías ilegales, así como en aquellas que constituyen sus espacios de tránsito.
Ambas tareas deben ser impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas por ser el rector de la inversión pública, en colaboración con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores en zonas de frontera, con participación regional, municipal, y de la sociedad civil.
