Jaime de Althaus
El Comercio, 18 de enero del 2025
No puede haber persecución política en una democracia. El fiscal José Domingo Pérez y el juez Víctor Zúñiga deben ser retirados y sancionados, y el caso debe cerrarse.
La justicia empieza a reconocer, sin decirlo explícitamente, que los procesos contra políticos y empresarios por hechos que no eran delito, como las donaciones de campaña, fueron casos de persecución política. Ha anulado el juicio oral del Caso Cocteles porque en la acusación se incluyó de manera sorpresiva hechos que no fueron objeto de investigación preliminar, sin que los acusados pudieran defenderse.
Ya el reconocido penalista Arsenio Oré había descrito en un libro titulado “La desnaturalización de la etapa intermedia y la inviabilidad del juicio oral” las fallas estructurales del proceso. En esencia, que la acusación planteada por José Domingo Pérez es genérica, no precisa qué hechos se atribuyen a cada imputado en lo relativo a los supuestos delitos centrales, de modo que el acusado no puede defenderse pues no sabe de qué lo acusan. Más aun, cuando individualiza, lo hace con hechos inventados o irrelevantes o manipulados, y finalmente cambiados varias veces conforme eran refutados. Ha sido un juicio al mejor estilo de la fiscalía y el Poder Judicial bolivariano, donde se inventan delitos para meter a los opositores a la cárcel.
El Caso Briceño, en cuya cabeza se ha intentado amedrentar al empresariado, es el más escandaloso, pero los demás tienen elementos parecidos. Jorge Trelles, por ejemplo, fue acusado de lavado de activos por haber comprado tickets de una rifa por S/ 3.000 y porque su esposa había asistido a un coctel. ¿Qué prueba es esa? ¡Y el fiscal ha pedido 22 años de cárcel para él!
Por eso, el juez pidió subsanar las obvias carencias de la acusación general. Lo pidió ilegalmente 19 veces, cuando la subsanación, como recuerda Oré, solo puede realizarse una vez y solo sobre cuestiones de forma, no de fondo, porque se supone que a esas alturas ya el fiscal ha acopiado todos los elementos de convicción de modo que, si esos elementos no existen, simplemente se archiva. La acusación nunca subsanó las deficiencias. Pero el juez, cómplice, no archivó. Había que enjuiciar a como diera lugar.
Oré también recuerda que el fiscal Pérez cerró abrupta y prematuramente la investigación preparatoria, cuando todavía faltaban diversas diligencias programadas, para poder acusar pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones del 2021, donde Keiko Fujimori, la principal imputada, era candidata presidencial. Es decir, con la intención obvia de perjudicar sus posibilidades electorales, no contento con haberla destruido ya políticamente luego de los casi dos años de prisión abusiva infligidos. Suerte parecida corrieron otros líderes y partidos, dañando severamente la credibilidad de la política y facilitando así la llegada de Pedro Castillo al poder. Todavía no salimos de ese pantano.
No puede haber persecución política en una democracia. El fiscal José Domingo Pérez y el juez Víctor Zúñiga deben ser retirados y sancionados, y el caso debe cerrarse. El discurso de asunción de la flamante presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, dio esperanzas cuando criticó la judicialización de la política, pero luego, en lugar de aceptarle la renuncia al juez Zúñiga, firmó una resolución rechazándola. Incomprensible.
