Jaime de Althaus
El Comercio, 14 de diciembre del 2024
“Hay que acabar con la politización de la justicia, pero también con la criminalidad”.
“¿Qué hago yo aquí?”, es lo que se pregunta Ricardo Briceño en el excelente libro que lleva precisamente ese título, refiriéndose al surrealista proceso judicial al que está sometido desde hace cinco años –cortando una carrera personal de realizaciones empresariales, gremiales y con proyecciones políticas– sin que tenga nada que ver con los hechos imputados que, por lo demás, han ido variando una y otra vez de manera cada vez más delirante hasta terminar en la inconcebible acusación de que engañó y defraudó a la propia Confiep para entregarle a la campaña de Keiko Fujimori más de US$2 millones donados por varias empresas para una campaña en defensa de la economía de mercado.
Este caso debería ser estudiado como un extremo de la fabulación a la que puede llegar la justicia politizada. Ya los procesos Lava Jato por donaciones de campaña no han sido otra cosa que armas de persecución política que llevaron incluso a prisión preventiva a líderes políticos por hechos que no eran delito. Es una afrenta a la democracia que esos procesos sigan vivos.
Pero en ellos, por lo menos, habían hechos: dinero donado, fraccionado, etc. En el Caso Briceño todo ha sido inventado. Jamás la Confiep le dio un centavo a Keiko Fujimori y la propia Confiep ha negado haber sido defraudada por Briceño. Lo que alcanza ribetes dolosos es que José Domingo Pérez insistió en la acusación luego de que la fiscal de La Victoria a la que él mismo le encargó que investigara la mencionada defraudación no encontró nada y archivó el caso. Y el juez Víctor Zúñiga tampoco hizo caso del mencionado archivo ni de las clarísimas evidencias existentes. Luego de mil avatares, una sala suprema ha determinado que el juez Zúñiga se pronuncie efectivamente sobre el archivamiento de la fiscal de La Victoria, para que por fin termine el calvario del señor Briceño.
Este abuso, desconociendo las pruebas más evidentes, no se puede atribuir solo a dificultades cognitivas. La consigna de Pérez y, por lo visto, de Zúñiga era acusar a Briceño a como dé lugar, una manera de amedrentar a los grandes empresarios del país en la cabeza de quien había sido presidente de la Confiep, símbolo del capitalismo nacional.
La politización de la justicia ha hecho mucho daño. No es solo el equipo Lava Jato. El Eficcop, ya disuelto por Delia Espinoza, también terminó siendo instrumentalizado. Al exabogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, le tendieron una trampa con dos “agentes encubiertos” en combinación con el general Carlos Morán, lo que se evidenció luego de que se demostrara que no fue Castañeda el que buscó al general Morán para reunirse, sino al revés.
Los fiscales han cometido muchos abusos con las detenciones preliminares y preventivas. Ante ello, el Congreso ha sobre reaccionado aprobando una ley que elimina la detención preliminar para los casos que no sean en flagrancia. Una barbaridad. Una medida como esa, ultra garantista, no puede aprobarse cuando el principal enemigo del país es el crimen organizado. Hay que acabar con la politización de la justicia, pero también con la criminalidad.
