Janice Seinfeld
El Comercio, 10 de diciembre del 2024
“Lo fundamental son los anexos, porque es ahí donde se muestran los detalles importantes”.
El sábado 30 de noviembre, a las 9:55 de la noche, el pleno del Congreso recibió del Ejecutivo el proyecto final de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. A las 11:57 de la noche, tres minutos antes de que venciera el plazo establecido en la Constitución, lo aprobó. Es decir, como ha precisado la economista Mónica Muñoz Nájar, los parlamentarios dispusieron de dos horas y dos minutos para analizar en conjunto 95 nutridos artículos y 177 disposiciones complementarias descritas en 159 páginas.
Fue la culminación de un proceso poco transparente y apresurado que solo confirma la creciente pérdida de institucionalidad de estos tiempos. Los parlamentarios aprobaron un presupuesto que asciende a S/251.801 millones, un 4,6% más con respecto del presupuesto inicial del 2024. Esto, mientras el aumento en el presupuesto del Congreso, vinculado a incrementos salariales para su personal, es nada menos que del 31%.
La ley establece que el proceso presupuestario del sector público debe seguir tres etapas: primero, programación multianual, formulación y aprobación presupuestaria; en segundo lugar, ejecución presupuestaria; y, finalmente, evaluación presupuestaria. El aparato público se concentra en cumplir los formalismos de la primera; la segunda la consigue con serias limitaciones, pero claramente omite desarrollar con diligencia la última etapa. Y esta es fundamental porque valida si el esfuerzo fiscal consiguió los resultados que los ciudadanos esperamos de un buen servicio público.
Al cierre de esta columna, no se había publicado el texto completo de la ley. Y acá lo fundamental son los anexos, porque es ahí donde se muestran los detalles importantes. Por ejemplo, en el anexo 5 se precisa la distribución del gasto por pliegos del gobierno nacional a nivel de productos, proyectos y actividades. Es decir, incluye los proyectos de inversión (obras), instrumento de alto interés para los congresistas.
Con todo y todo, en salud vemos algunas novedades que trae el presupuesto aprobado. Por ejemplo, se autoriza el nombramiento de hasta el 70% del personal asistencial del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales. Es un esfuerzo fiscal importante para lograr el reconocimiento de los derechos laborales de valiosos colaboradores que están bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS). Sin embargo, preocupa que este esfuerzo no vaya acompañado del establecimiento de indicadores de medición y evaluación de desempeño del talento humano. Tampoco se plantean estrategias efectivas para lograr la tan necesaria interoperabilidad entre los diversos sistemas de información del sector, varios de los que incluso se superponen. Sin ello será poco viable mejorar la gestión y, con ello, ofrecer mayor cobertura y calidad de los servicios de salud.
Otra novedad del presupuesto aprobado es que se destinan S/173 millones a los gobiernos regionales y locales para financiar “inversiones priorizadas del primer nivel de atención”, lo que constituye un aporte importante para superar las brechas existentes. Acá será clave que esta oferta comunitaria logre la capacidad resolutiva suficiente en beneficio de las personas para evitar seguir el actual modelo centrado en infraestructura hospitalaria y no en la calidad del servicio.
Una noticia que esperamos culmine bien en el 2025 es la de decidir destinar S/700 millones para el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud con la finalidad de comprar medicamentos y dispositivos médicos necesarios para los asegurados al Seguro Integral de Salud (SIS). Para lograrlo, esta entidad, que ha mostrado notorias deficiencias para realizar la compra nacional de medicamentos, deberá reivindicarse. Esto es, desplegar un eficiente proceso de abastecimiento, recuperar capacidades antes existentes de gestión de compra corporativa que lograban en favor del Estado –en un régimen de economía de escala– y obtener productos económicos, un aspecto que siempre debe acompañarse de una estrategia de garantía de calidad. Ojalá así sea.
