Jaime de Althaus
El Comercio, 30 de noviembre del 2024
“Una cosa es un minero artesanal que trabaja desde antes de la concesión y otra es uno que ha invadido las zonas de trabajo de la mina, por poner los extremos”.
La censurable demora del Ministerio de Energía y Minas en producir el proyecto de ley sobre la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) y, en el colmo del delirio, la demora adicional de dos semanas para introducir normas de enfoque de género y pluriculturalidad, provocaron las movilizaciones de mineros informales e ilegales que tienen bloqueada la Panamericana Sur y cercado el Congreso desde hace semanas, exigiendo la extensión del Reinfo sin más, cuando menos, dos años. Y, además, provocaron la censura del ministro Mucho, a quien vieron como responsable, con su demora, de haberles enviado a los mineros a cercarlos y presionarlos.
Ahora hay temor de a quién se nombrará nuevo ministro, pero la crisis del Reinfo, cuya prórroga sin más era inaceptable, ha sido relativamente capeada en la Comisión de Energía y Minas del Congreso donde congresistas con ideas claras lograron evitar que se aprobara un dictamen que lo extendía por dos años y luego otro que incluso eliminaba una serie de causales de exclusión del Reinfo.
El proyecto aprobado finalmente en la comisión –aún no se veía en el pleno al cierre de esta columna– extiende el Reinfo seis meses (prorrogables una vez mediante decreto supremo), para debatir y aprobar en ese plazo una ley MAPE que dé solución real a los problemas de fondo. Mientras tanto, algo interesante es que los expedientes de formalización pasan al Minem para su resolución y se crea el sistema interoperable de la pequeña y minería artesanal para supervisar la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados. El sistema deberá ser interconectado entre todas las entidades responsables, que operarían con GPS. Esto debería facilitar una depuración del Reinfo porque permitiría identificar incumplimientos de diverso tipo. Las plantas de procesamiento deberán inscribirse en el registro de trazabilidad.
Ojalá el Minem esté a la altura. Va a necesitar recursos. Algo clave sería aprovechar la creación del sistema interoperable estos seis meses para llevar a cabo un censo catastral de toda la pequeña minería, a fin de diferenciar tipos de situaciones, de relaciones con los dueños de las concesiones, de relaciones laborales, a fin de producir soluciones ad hoc. Es fundamental tener una radiografía clara de lo que ocurre, que es diverso.
Una cosa es un minero artesanal que trabaja desde antes de la concesión y otra es uno que ha invadido las zonas de trabajo de la mina, por poner los extremos. Es claro que quien no cumple los requisitos debe salir del Reinfo. Se requiere espacios de diálogo entre distintos actores para ver si es posible en ciertos casos alcanzar acuerdos. Quizás luego debería pensarse en una entidad fuerte que ingrese a las distintas zonas de minería informal una por una, a formalizar lo formalizable.
Las plantas de procesamiento deberían ser agentes de formalización, modernización y tecnificación de la MAPE, alojando oficinas de fiscalización, financiación y asistencia técnica.
Si el Perú logra resolver este complejo problema y logra incorporar a este segmento andino tan importante habrá consolidado su viabilidad como Estado legal.
