Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Hace muy poco, la Sra. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Argentina, participó en México en el Foro América Libre, donde hizo una presentación clara y directa de lo que es ahora la política de seguridad en su país. En esa conferencia, compartió algunas de las medidas adoptadas por su gobierno y de las cuales deberíamos tomar nota y copiar.
Para empezar, tienen claro que, sin seguridad no hay libertad, pues sin ella el estado de derecho se debilita.
En segundo lugar, ratifica que los países que dejan avanzar a la delincuencia y a la criminalidad, no lo hacen por error, sino como una manera de debilitar y de someter a los pueblos y de crear autocracias.
Sólo un país con seguridad genera confianza y puede ser un país próspero, pues sin seguridad no hay desarrollo.
En esta conferencia en México, país donde han propuesto que los jueces sean elegidos por votación popular, la ministra Bullrich les decía: “Si en los lugares dominados por el narcotráfico se vota por los jueces, estos responderán al narcotráfico”. Esta afirmación me transportó al Perú, donde la elección de los congresistas, responde una elección política altamente controlada por el financiamiento proveniente del narcotráfico, minería ilegal, tráfico de terrenos, trata de personas, tala ilegal, entre otros y, por otro lado, la designación de jueces, fiscales, miembros de la Junta Nacional de Justicia, está sujeta a una alta injerencia de esos poderes fácticos.
La lógica de esas mafias y la corrupción enquistada en el sistema judicial, fiscalía y Congreso, es el intento de ejercer un control social por el miedo, que es el enemigo de la sociedad.
Ante este escenario, se han planteado un abierto combate contra el crimen organizado y el delito, bajo la premisa de “el que la hace, la paga”. El principio básico es:
- Estar del lado de las víctimas y no de los delincuentes.
- Reestablecer el imperio de la ley y la confianza en ella, perdidos durante tantos años.
- Preservación de la vida.
- Restablecer el orden público y la libre circulación en las calles, carreteras y orden urbano.
- Garantía del derecho al trabajo y la producción.
- Defensa de la propiedad privada.
Estos son principios no negociables de la política de seguridad.
Como el enfrentamiento al crimen organizado es una complejidad de actividades, que se asientan en la vulnerabilidad de las instituciones, las que se compran, destruyen y manejan por el miedo, es que se debe enfrentar prioritariamente, el narcotráfico, la minería ilegal y todas las economías delictivas. Combatir el lavado de dinero, las mafias, la impunidad y por supuesto, no permitir que esas mafias se conduzcan dentro ni fuera de las fronteras, en complicidad con quienes operan a nivel internacional.
Bullrich dijo que existía un Estado inmenso cooptado y tomado por la casta política (como en el Perú), que aplastaba al ciudadano en beneficio de los gobernantes y burócratas.
Para lo anterior, se han propuesto tener un Estado chico pero fuerte en seguridad, defensa, educación y salud. Reducir la burocracia y revisar la legislación, para que el Estado “no sea un aplastador del ciudadano”.
Tal como aquí, en Argentina existía una “seguridad de brazos caídos”. Cada vez que un policía o militar actuaba en defensa de la sociedad, iba preso y resultaba castigado, mientras que, se liberaba al delincuente, quien se convertía en víctima. Este sabía que no sería castigado por sus delitos, debido a leyes y procedimientos garantistas en extremo. Ahora han impuesto el concepto de “nosotros cuidamos a quienes nos cuidan”, pues es claro, que un Estado que no cuida a quienes cuidan a la sociedad, está a merced del delito.
No se permite que la impunidad se imponga, se tiene control territorial absoluto y no se consiente que se imponga la ley del crimen en ningún lado.
Apoyo a los servicios penitenciarios y cambios al código penal, con una doctrina que da prioridad absoluta a las víctimas. Se están apoyando en la asesoría del gobierno italiano para redactar el nuevo código penal. Desarrollan una nueva doctrina anti-mafias, para atacar a las organizaciones criminales de manera integral. Aplican a todos los miembros de la red, la misma pena correspondiente al líder de la organización. Nadie puede argumentar que es un participante secundario, ni circunstancial de la organización.
Construcción del padrón nacional de datos genéticos de todos los que ingresen a un penal, para tener registro de todos los delitos en que ha incurrido un delincuente, aunque no se le haya sentenciado (por cuestiones de tiempo del proceso) y se cambia la reincidencia penal, por el concepto de “reiterancia” en el delito, aunque no tenga sentencia. ¡Si reitera, va preso!
Se cambia el concepto de “legítima defensa” por el de cumplimiento del deber, para evitar que el policía esté desprotegido en la defensa de la sociedad.
Igualmente, se instituye el “juicio en ausencia”, para evitar que los que se fugan, simplemente esperen la prescripción de la pena.
Ley anti-barras bravas, mediante la cual, la dirigencia de los clubes, cómplices de las barras, asumen la misma responsabilidad penal que los miembros de las barras.
Se establece un nuevo protocolo al bloqueo a empresas, calles y carreteras, pues se puede despedir inmediatamente a quien bloquea actividades productivas, mientras el gobierno los enjuicia penalmente y manda a la cárcel.
En resumen:
Combate al crimen organizado, no se permiten hechos de violencia, denuncia penal a quienes paralicen actividades esenciales que ponen en riesgo a personas. Sin seguridad no hay confianza ni inversiones.
Fuerzas de seguridad para que no paralicen las empresas. Empoderamiento de las fuerzas de seguridad.
Aislamiento total, en cárcel, de los cabecillas de mafias y los abogados que son parte de estas.
Decisión política y apoyo internacional.
Control absoluto de territorios antes tomados por las mafias e impedir que estas tengan control político, como en Perú.
¡Tomar al toro por las astas! Lampadia
