Congreso de la República del Perú
El Comercio, 6 de noviembre del 2024
Alexander Villarroel Zurita
El tema volverá a ser analizado a la espera del proyecto del Ejecutivo. Extender el plazo de formalización minera favorece el crimen organizado, sostuvo relator de la ONU.
En el Congreso se frenó ayer el segundo intento para aprobar una ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), esta vez con una fórmula legal presentada a última hora y en donde se hizo más que evidente una inusitada premura de un sector. Finalmente, el tema tendrá que volver a ser analizado y se espera aún que el Ejecutivo presente su propuesta para un nuevo es quema.
En una sesión de la Comisión de Energía y Minas, su presidente Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) presentó un texto sustitutorio para ampliar el proceso de formalización de la pequeña minería y minera artesanal. A diferencia de la semana pasada, planteó prorrogar “hasta por 24 meses” ese plazo.
“El proceso de formalización minera vence el 31 de diciembre del presente año y recordemos que esta legislatura ordinaria culmina el 15 de diciembre, por lo que estamos prácticamente contra el tiempo”, dijo Gutiérrez evidenciando su premura.
Legisladores como Jorge Montoya (Honor y Democracia), Diana Gonzales (Avanza País) y Jorge Morante (Somos Perú) se mostraron en contra de la fórmula.
Montoya apuntó que prolongar el tiempo no es la solución y que el Ejecutivo presentaría mañana su fórmula, mientras que Gonzales cuestionó que el texto haya sido enviado apenas cuatro horas antes de iniciar la sesión.
Gonzales planteó una cuestión previa para que el tema vuelva a ser analizado por la secretaría técnica de la comisión y se espere que ingrese el proyecto del Ejecutivo. Fue aprobada con 14 votos a favor y tres en contra.
Los votos en contra fueron del mismo Gutiérrez, a sí como delos legisladores Pasión Dávila (Bancada Socialista) y Raúl Doroteo (Acción Popular).
—Advertencia—
Más temprano, en el Tribunal Constitucional, se llevó a cabo una audiencia sobre la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Abogados de Loreto en contra de la Ley 31388, que en el 2021 amplió el plazo hasta el 31 de diciembre del 2024.
Marcos Orellana, relator especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, se presentó en la audiencia como parte de un ‘amicus curiae’. Manifestó que el Reinfo ofrece una ilusión de que el flagelo de la minería ilegal está siendo abordado por el Estado.
No obstante, advirtió: “En definitiva, el Reinfo ha tornado en un instrumento que fomenta la actividad minera fuera del control del Estado y que favorece el crimen organizado. En consecuencia, con cada prórroga, en lugar de contribuir con la formalización minera, el Re in foso cava el Estado de derecho y perpetúa la vulneración de los derechos humanos”.
