Alfredo Torres
Perú21, 29 de setiembre del 2024
“Petroperú es una empresa estatal propietaria de un deteriorado oleoducto y varias refinerías, incluida la nueva de Talara, que costó cuatro veces su presupuesto inicial”.
En 1859, Charles Dickens publicó Historia de dos ciudades en 31 entregas semanales, en una revista que él mismo fundó y que llegó a superar los 100,000 ejemplares de tiraje. La exitosa publicación narraba el contraste entre Londres y París en el siglo XVIII. La primera, progresando de manera sostenida; y la segunda, en caída libre, en vísperas de la Revolución francesa.
Algún autor debería animarse a seguir el ejemplo de Dickens, adaptado a la historia de dos organizaciones empresariales ubicadas en el Perú. La primera, progresando de manera sostenida, y la segunda en caída libre. Me refiero a Camisea y Petroperú.
Como se sabe, Camisea es un consorcio integrado por seis empresas privadas que extrae el gas desde la selva cusqueña y que, mediante una monumental obra de ingeniería y logística, traslada el gas a Pisco para la exportación y a Lima y otras regiones para su consumo. Camisea, desde su fundación, ha entregado más de 10,000 millones de dólares en regalías. Ha beneficiado tanto al Estado como a los consumidores. El Estado percibe 65% de los ingresos de Camisea a través de regalías e impuestos. Los consumidores ahorran 2,000 soles anuales en energía eléctrica por hogar gracias a Camisea, que provee casi la mitad de la electricidad del país.
Petroperú, en cambio, es una empresa estatal propietaria de un deteriorado oleoducto —cuyas perforaciones suelen contaminar la Amazonía— y varias refinerías, incluida la nueva de Talara, que costó cuatro veces su presupuesto inicial. En contraste con Camisea, que aporta, Petroperú le succiona recursos al Estado peruano. Su deuda acumulada ya superó los 8,000 millones de dólares. Lo más grave es que la vieja empresa, que nació con el golpe de Estado del general Juan Velasco, va a la deriva y seguirá expoliando a los peruanos año a año hasta que se privatice o se liquide.
La defensa de muchos peruanos a la propiedad estatal de Petroperú se deriva de la errada concepción de empresa estratégica. Sin duda, la energía es estratégica, pero —como lo demuestra Camisea— es mucho más beneficioso para el país que la gestión de una actividad estratégica esté a cargo de empresas privadas bajo la supervisión de un organismo especializado del Estado que gestionadas directamente —como Petroperú— por los gobiernos de turno y las cofradías que se enquistan en una empresa estatal, como lo ha relatado muy bien el expresidente de Petroperú Carlos Paredes en su libro La tragedia de las empresas sin dueño.
Si se trata de prioridades estratégicas, la seguridad ciudadana es mucho más relevante. Si falta petróleo, se puede importar o sustituir, como ya se viene haciendo. En cambio, la seguridad ciudadana tiene que ser proveída localmente. Por ejemplo, en lugar de volver a inyectar 750 millones de dólares a Petroperú, como se ha hecho recientemente, sería mucho más estratégico destinar esos recursos a combatir el crimen organizado y las bandas de extorsionadores que hoy vienen afectando la economía nacional y la vida de miles de ciudadanos.
