Jaime de Althaus
Para Lampadia
Siempre dijimos que las acusaciones contra políticos por donaciones de campaña eran una forma de persecución política porque dichas donaciones no eran delito, y tampoco configuraban lavado de activos.
El daño que José Domingo Pérez y Rafael Vela han ocasionado a la política peruana y al Perú es inconmensurable, porque destruyeron o debilitaron gravemente parte importante de la clase política abriéndole el camino a Pedro Castillo. Lo hemos dicho varias veces.
Por eso, la investigación fiscal por lavado de activos a José Domingo Pérez es de enorme importancia porque, de confirmarse, deberá llevar a remover a ese fiscal de esos casos y destituirlo. Y una vez fuera, el nuevo fiscal que se haga cargo debe retirar la acusación. No podemos seguir con esto.
Por supuesto, Pérez es el operador, un operador obsesivo es cierto, pero operador al fin. El cerebro es Gorriti, el IDL, que ha infiltrado el sistema judicial a varios niveles, no solo en este macro tema. Es una infiltración política e ideológica con intereses crematísticos.
Un caso reciente, por ejemplo, que mencionamos en artículo anterior, es el del fiscal provincial Álvaro Rodas Farro, de la primera fiscalía supra provincial corporativa especializada contra la criminalidad organizada de Lima, que pidió la administración judicial de la empresa palmicultora de Ucayali Ochosur, sobre la base de unas denuncias falsas de deforestación desmentidas por la misma comunidad de Santa Clara de Uchunya. Se trata de un ataque directo a la propiedad misma de la empresa vía la estatización de su gestión.
Por supuesto, la comunidad desmintió esas falsas alegaciones y denunció al IDL, que ha sido retirado de la investigación. Más aún, demandó en cuatro ocasiones al fiscal Rodas y a la fiscal adjunta Geraldy Peña, que reconozcan al verdadero representante de la comunidad y retiren al IDL. Dichos fiscales no solo no acogieron la solicitud, sino que resolvieron que no había lugar al pedido de la comunidad aduciendo que existía una persona ya designada como representante.
Por eso, el presidente de la comunidad Wilson Barbarán Soria presentó una queja contra ambos fiscales, con el resultado de que la Autoridad de Control del Ministerio Público resolviera abrir procedimiento disciplinario contra los fiscales Álvaro Rodas Farro y Geraldy Fiorella Peña por no haber aceptado y dilatado injustificadamente la decisión de reemplazar al falso abogado de la comunidad (IDL) por el auténtico representante.
Es muy importante sancionar y limpiar el sistema judicial de estos magistrados influidos por ideologías o intereses que atentan contra la inversión privada aceptando denuncias falsas fabricadas por ONG que usan al sistema judicial para levantar recursos en el exterior. Ese negocio, basado en el sabotaje al desarrollo nacional, debe terminar. Lampadia
