Jaime de Althaus
Para Lampadia
Alberto Fujimori rescató al país del abismo de la hiperinflación y del avance inexorable de Sendero Luminoso, reconstruyó el Estado en escombros que había dejado Alan García e inauguró una nueva era de crecimiento acelerado y sostenido que redujo sustancialmente la pobreza y creó una nueva clase media emergente. Además, firmó la paz con Ecuador resolviendo para siempre un conflicto secular.
Su legado más importante fue la Constitución de 1993, sobre todo por el capítulo económico, una creación original de los constituyentes de ese entonces que estableció los principios del modelo que permitió el crecimiento acelerado que tuvimos hasta que una metástasis de regulaciones y cargas terminaron ahogando la libertad económica que era la esencia del modelo.
Debería ser tarea de Fuerza Popular recuperar esa libertad económica para devolverle energía e ilusión al crecimiento de los peruanos emergentes que Fujimori representó.
Pero el otro lado de la moneda fue su autoritarismo. La propia Constitución del 93 fue la manera de salir de la dictadura decretada por el autogolpe del 5 de abril de 1992 y retornar a la democracia. No es fácil juzgar hasta qué punto fue necesario o no ese golpe. Aquí se juntaron varios factores:
- El avance preocupante de Sendero en la capital en un contexto de aguda crisis económica,
- Una confrontación con el Congreso (donde el gobierno no tenía mayoría) que había llevado al recorte de los decretos legislativos emitidos para luchar contra el terrorismo, al recorte de los poderes presidenciales mismos en temas críticos como el orden interno, y la amenaza cierta de declarar vacante la Presidencia;
- La cultura poco democrática del propio mandatario, acicateado por Montesinos y los militares que habían concebido un “proyecto nacional” de largo plazo que pasaba por el control autoritario del poder.
- A lo que se sumó un Tribunal de Garantías Constitucionales controlado por el APRA que había comenzado a derogar reformas que ni siquiera eran inconstitucionales. No se podía avanzar.
Pero hay que señalar, además, ciertas reglas de la Constitución del 79 que no permitían gobernar en circunstancias de grave emergencia nacional:
- No otorgaba suficientes prerrogativas al Ejecutivo para garantizar un manejo técnico del Presupuesto, sobre todo considerando la emergencia.
- La facultad del Congreso de insistir en sus leyes con solo la mitad del número legal de sus miembros, que volvía relativamente inútil o ineficaz el veto presidencial. Lamentablemente la Constitución de 1993 no resolvió esta falla.
- La posibilidad de disolver la Cámara de Diputados luego de tres consejos de ministros censurados, que resultaba inejecutable.
- La posibilidad de declarar vacante la presidencia de la república con sólo mayoría simple de votos, que fue una espada de Damocles blandida por congresistas de oposición, que consideraron seriamente aprobar la medida. Recién el 2003 el Congreso subió ese requisito a los dos tercios del número legal de miembros.
El politólogo norteamericano Charles D. Kenney concluyó que el autogolpe de Fujimori pudo ser una decisión racional. Muy distintos, sin embargo, fueron los episodios autoritarios de los últimos años del segundo gobierno de Fujimori, que derivaron en el control de las instituciones democráticas y de la prensa para eliminar los controles horizontales y permitirle postular inconstitucionalmente a una segunda reelección. Allí no había ninguna clase de justificación nacional sino solo la necesidad de prevenir acusaciones judiciales. Y fue fatal para el país, porque su Fujimori se hubiese retirado el 2000 habría sido elegido el 2005 y hoy el Perú sería un país casi desarrollado.
Pero a lo largo de su gobierno Fujimori desarrolló un liderazgo fuerte y personalista, con rasgos autoritarios. Esto en cierto sentido era la contraparte de una sociedad inmadura desde el punto de vista del desarrollo de los derechos civiles en el mercado. “Sin burguesía no hay democracia”, sentenciaba Barrington Moore.(1) La democracia liberal es un sistema de gobierno diseñado para proteger los derechos civiles –libertad, propiedad y contrato- de ciudadanos libres y responsables. En el Perú, el desarrollo del individuo como ciudadano autónomo en el mercado y ante el Estado, como sujeto jurídico de relaciones económicas o comerciales era y sigue siendo incompleto y alcanza de manera plena sólo a una minoría. Los derechos políticos llegaron antes de que estuviesen plenamente desarrollados los derechos civiles. La democracia fue anterior a la plena extensión del Estado como Estado legal. La ley no emanó del complejo de derechos y obligaciones realmente existente, de modo que guarda escasa relación con el desarrollo de la sociedad y, por lo tanto, suele no ser eficaz ni legítima ni accesible, dando lugar a una informalidad muy alta, a una corrupción generalizada o a una conflictividad eventualmente violenta.
Una sociedad como esa, y en situaciones de peligro extremo, es proclive a entregar el poder a un líder fuerte. Es la democracia delegativa de la que habló Guillermo O´Donell.(2) Fue lo que ocurrió. Lampadia
(1) Moore, Barrington (1967), Social Origin of Dictatorship and Democracy. Boston, Bacon Press
(2) O’Donnell, Guillermo (1992). ¿Democracia Delegativa? Papel de Trabajo Nº 172, Kellog Institute
