Diego Macera
El Comercio, 27 de agosto del 2024
“El próximo año, el país debería superar por primera vez en su historia la marca psicológica de los US$50.000 millones en inversión privada”.
Cuando en agosto del 2019 el entonces presidente Martín Vizcarra suspendió el proyecto minero Tía María inventando un procedimiento de licencia social vinculante, las expectativas del sector se resintieron. Ya no era suficiente cumplir con todos los engorrosos requisitos legales, ambientales, comunitarios, etc., necesarios para sacar adelante una mina. Ahora el gobierno podía, arbitrariamente y sin oportunidad de subsanación, postergar indefinidamente el proyecto si la oportunidad política se prestaba a la jugada. Ese mes, las expectativas de los inversionistas en general, no solo en la minería, se contrajeron significativamente.
Si la simetría es justicia, debería entonces ser motivo de satisfacción que el proyecto vuelva a estar en marcha. Así como en su momento la suspensión deprimió el ánimo privado, el país debería aprovechar esta señal positiva –cinco años después– para avanzar con más decisión en los proyectos mineros en cartera. Once años atrás, cuando el precio del cobre estaba en niveles similares a los de hoy (cerca de US$4 por libra), el Perú logró atraer inversiones mineras por hasta casi US$9.000 millones en un solo año. Los proyectos iniciados entonces contribuyen con empleo, tributos, divisas y movimiento económico general hasta hoy. Para este año, con el precio del cobre nuevamente alto, la inversión minera total debería alcanzar cerca de US$5,3 mil millones. Ajustando por inflación, no sería ni la mitad de lo recibido en el 2013. Y no es que falten proyectos mineros rentables en el Perú. Pero se perdió demasiado tiempo sin llenar la tubería de inversiones que pudiesen ir madurando y empezando su construcción en estos años.
El próximo año, el país debería superar por primera vez en su historia la marca psicológica de los US$50.000 millones en inversión privada. Diferentes mediciones apuntan a que, poco a poco, el ánimo empieza a volver. La encuesta a empresas diversas del BCR de julio tiene ya el indicador de expectativas económicas a tres meses en tramo positivo y mejorando. Acortar los tiempos de maduración de los proyectos mineros –que puede tomar el doble que en países competidores en salir adelante– es indispensable.
Y el resto de la economía siente necesariamente la pegada de estos capitales y producción. La cadena de impactos de movimientos de miles de millones de dólares –que se invierten de forma descentralizada– es inocultable. Está en todos lados: energía, manufactura primaria, transportes, construcción, comercio, industria, etc. Algunos son insospechados o difíciles de identificar a primera vista. Recientemente, por ejemplo, Manuel Ruiz, especialista del BCR, publicó que “el impulso a proyectos mineros y el subsecuente crecimiento de la minería contribuirían a reducir los costos medios para expandir los ductos de gas, posibilitando un mayor acceso a menores precios de otras industrias a esta fuente de energía”.
Si el Perú no ha aprovechado del todo este nuevo ciclo de altos de precios ha sido por su propia responsabilidad. ¿Podemos dar por cerrado el capítulo de inestabilidad política y deterioro institucional que nos llevó hasta aquí? Es claro que no. La minería ilegal avanza y los dos años que nos separan de las elecciones del 2026 nunca se sintieron tan cortos. Pero las condiciones también existen para pensar que, así como Tía María, otros proyectos que van a paso lento podrían aprovechar la coyuntura de relativa calma para pisar el acelerador, acompañados de un Ministerio de Energía y Minas y otras autoridades claves para que prosperen. Difícilmente se encontrarán un mejor momento que este.
