Jaime de Althaus
Para Lampadia
Una nueva industria ha nacido: la de acusar a las empresas agroexportadoras de cometer diversos abusos con sus trabajadores y con las mujeres trabajadoras calzando perfectamente con la agenda de fuentes de financiamiento externas a las que acuden para levantar fondos, a costa del crecimiento del país, como siempre.
Esto ya era conocido en el sector minero -contra la minería formal que posee altos estándares-, y desde hace relativamente poco contra empresas en la selva a las que se acusa falsamente de deforestar y afectar derechos ancestrales de las comunidades, con la finalidad de levantar fondos nuevamente. Comunidades que ya han denunciado a las ONG que se aprovechan de ellas para esos fines.
Pero ahora han centrado la mira en la agroexportación peruana, justamente el único sector que en las últimas dos décadas ha generado una amplísima clase de trabajadores formales en una economía que más bien tiene a la informalización. El sector que debería recibir todos los premios sufre el ataque de ONGs y de conocidos economistas de izquierda que se dedican con esmero digno de mejor causa a construir argumentos falaces o medias verdades contra los fundos agroexportadores de la costa.
En efecto, hace poco se publicó en La República un artículo de un tal Omar Cavero titulado «La agroindustria peruana y sus estrategias para reducir el salario e intensificar el trabajo», basado en un estudio realizado por el economista del partido de izquierda Nuevo Perú, Eduardo Zegarra.[1]
En él se argumenta en esencia que los fundos agroexportadores, con el argumento de que están en crisis debido a que la nueva ley de promoción agraria (Ley 31110) afecta su productividad, están reduciendo el salario de los trabajadores aplicando una serie de estrategias tales como el aumento de los contratos intermitentes, la contratación de más mujeres y jóvenes –quienes que reciben remuneraciones más bajas– y la caída de la sindicalización.
El artículo de Cavero afirma que es falso que el sector esté en crisis porque “…los años 2021 y 2022, con la Ley 31110 vigente, las exportaciones crecieron 16.8% y 6.4%, respectivamente. Al cierre del 2023 también se elevaron en un 9.7%.”
Lo que no dice el artículo es que el 2023 hubo un buen resultado porque los precios subieron apreciablemente, pero el volumen exportado y el empleo se redujeron, como puede verse en el siguiente cuadro, donde además se aprecia que el crecimiento del volumen y del empleo se desacelera desde el 2021.
Los efectos de Yaku el 2023 no son toda la explicación ni mucho menos, pues la desaceleración se da desde el 2021 como decíamos, y la caída del 2023 fue mucho mayor a la que se produjo en el periodo 2216-2017, cuando también hubo condiciones climáticas adversas.
La principal razón tiene que ver, como lo aseguran personas vinculadas al sector, con la destructiva y demagógica ley 31110 -nueva ley de régimen laboral agrario, aprobada el 30 de diciembre del 2020 por el gobierno de Sagasti-, que produjo una retracción en las inversiones y en las operaciones. Varias empresas quebraron o están sufriendo severos problemas financieros. Y otras tantas se han vendido. Esto se manifiesta en una disminución del número de empresas ya desde el 2022 y una ralentización de su crecimiento desde el 2021, como puede verse en el siguiente cuadro:
Es importante tener en cuenta que el gran costo en la agroexportación es la mano de obra, que representa, según agroexportadores consultados, el 60% o más. Y lo que ocurrió fue que, entre otras cosas, la nueva ley agraria subió en un 30% la remuneración básica imponiendo el Bono Especial por Trabajo Agrario (BETA). Lo que significa que en el sector agrario formal se paga un salario mínimo 30% más alto que el general. Increíble. En el siguiente gráfico comparativo podemos constatar esta disparidad que sin duda afecta la productividad del sector:
Por supuesto, eso es contraproducente porque lleva a las empresas sea a recortar personal, sea a mecanizar todo lo que se puede. Y a paralizar la inversión, como hemos señalado. Gabriel Amaro, de AGAP, ha informado que este año por primera vez el área sembrada no ha crecido.
El autor, sin embargo, cita el análisis de Zegarra realizado con datos de la planilla electrónica del MTPE según el cual entre 2021 y 2023 los salarios reales cayeron en -29%. No hemos podido acceder hasta ahora a esa base de datos, pero, según fuentes del sector, en esa información, de ser cierta, no se habría ponderado que luego de la nueva ley de régimen laboral agrario, muchos trabajadores administrativos del régimen agrario, cuyos sueldos eran mayores, fueron retirados del mismo, afectando el promedio.
En todo caso, la información a la que nosotros sí hemos podido acceder (el sector en su totalidad, que incluye a trabajadores del régimen agrario y los del régimen general y otros), comprueba que las remuneraciones nominales, lejos de haber caído, han subido:
No solo eso: la misma tendencia se observa en la información de la ENAHO y la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), por un lado, y la del Banco Central de Reserva por otro: los salarios aumentan.
Por supuesto, para efectos de buscar financiación externa, a Zegarra y las ONGs anti-agroexportadoras les conviene argumentar no solo que los salarios caen, sino que esa supuesta -negada- caída en las remuneraciones se consigue mediante la aplicación de perversos mecanismos de “explotación” tales como el aumento de los contratos intermitentes, la contratación de más mujeres y jóvenes –quienes que reciben remuneraciones más bajas– y la caída de la sindicalización.
No es solo que los contratos intermitentes tienen que ver con la naturaleza temporal de las actividades, que se activan en determinados momentos, y por eso la ley los permite. Sin eso no habría agroexportación. Sino que esas afirmaciones, sobre todo en relación con la contratación de más mujeres y jóvenes y la caída de la sindicalización, no son ciertas según la información de PLAME y T-Registro – MTPE:
Hay en el artículo una serie de otras afirmaciones acerca de supuestos abusos incluso con las madres gestantes, para los cuales no se ofrece prueba alguna, pero derivadas de lo anterior se presentan como válidas, seguramente construidas para fines de denuncia en el exterior y gestión de recursos, por supuesto. Lo cierto es que algunas de las situaciones que se menciona están tipificadas en la ley de modo que las personas afectadas pueden denunciarlas ante la SUNAFIL que, dicho sea de paso, desarrolla una supervisión muy estrecha en los fundos agroexportadores, como puede verse en el siguiente cuadro, donde el sector agropecuario formal es el más inspeccionado de todos:
El Estado peruano pues, se ocupa del cumplimiento de las normas laborales en los fundos agroexportadores. Que estas ONGs e intelectuales de izquierda, no contentos con haber destruido la competitividad de las agroexportaciones con la nueva ley agraria, conviertan al sector más dinámico, tecnificado y empleador formal de nuestra economía en los últimos 25 años en el blanco de sus ataques y denuncias, solo obedece a dos razones posibles. Una es ideológica. La otra usted ya sabe cuál es…
Lampadia
[1] (https://mailchi.mp/372262ce9366/boletn-agrario-n-13).
