Jaime de Althaus
El Comercio, 20 de julio del 2024
“La razón primordial de ser del Estado es la seguridad y la justicia”.
Los servicios públicos esenciales no funcionan en el Perú. Pero tienen solución si hubiera voluntad e ideas claras.
Tomemos dos casos. El primero es la justicia penal: más del 95% de los detenidos en flagrancia son liberados. La impunidad es rampante. El llamado proceso inmediato para juzgar y sentenciar en 72 horas en lugar de los 21 meses en promedio que toma un proceso común casi no se aplica. ¿Por qué? Porque hay pocas unidades de flagrancia y en las que existen los fiscales asisten poco.
En una unidad de flagrancia están juntos en un solo local policías, fiscales, jueces, un laboratorio de criminalística, medicina legal y una carceleta. Por eso, puede sentenciar en 72 horas o, si hay terminación anticipada, en 24 horas. El sistema está ya bien estudiado por el Poder Judicial, pero se requiere S/1.800 millones para implementarlo, con laboratorios y todo, a nivel nacional. El MEF tiene que presupuestarlo. Pensemos que al año se deja de ejecutar S/18 mil millones en obra pública. Restémosle pues una alícuota de ese monto a aquellos sectores o entidades que ejecutan menos. El impacto en reducción de la inseguridad y tranquilidad social sería inmediato y enorme. Recordemos que la razón primordial de ser del Estado es la seguridad y la justicia. Para eso nació. Todo lo demás puede pasar a segundo plano.
Y dentro de ese segundo plano hay, sin embargo, un servicio básico que sí tiene presupuesto, pero no lo ejecuta o lo hace mal y con corrupción. Es la provisión de medicamentos esenciales a quienes acuden a los establecimientos de salud del Estado. Un informe del 5 de julio de la contraloría revela que los 8.537 establecimientos de salud reportan estar desabastecidos de una serie de medicamentos esenciales utilizados para combatir la anemia (sulfato ferroso), las infecciones bacterianas (diversos antibióticos), el alivio de dolor y/o antinflamatorios (ibuprofeno, paracetamol) y antihipertensivos. Por eso, según el INEI, un 47% de la población prefiere ir directamente a las farmacias para atenderse cuando tiene un problema de salud, y el gasto de bolsillo de las poblaciones que menos tienen es altísimo.
La falta de medicinas es criminal, porque mata gente. Allí no hay ni siquiera la excusa de la falta de presupuesto. El sector salud tiene más de S/1.000 millones al año para adquirir medicamentos, y Essalud otro tanto. El Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) no funciona. Compra poco y sin vinculación con la demanda, y entonces termina encargando la compra a las regiones y hospitales, una corruptela porque allí se paga más y con arreglos. El Estado tiene que concesionar la compra y distribución de medicamentos con un sistema de monitoreo de la demanda y de las existencias.
Eso es lo que el Congreso debería fiscalizar y proponer, en lugar de sacar una ley de genéricos que las cadenas ya cumplían y que, más bien, llevaría a la quiebra a muchas boticas independientes. Los genéricos los debe dar gratuitamente el Estado a las grandes mayorías. Pero eso al Congreso no le interesa.
