Jaime de Althaus
Para Lampadia
Adelantaron arbitrariamente cierre para afectar a candidata en 2021
La reveladora entrevista que el ex presidente de Confiep Ricardo Briceño concedió al diario El Comercio, agrega una prueba adicional de la naturaleza política del caso cocteles.
Hemos sostenido que, al no haber delito en las donaciones de campaña, ni ser tampoco aplicable la figura del lavado de activos, lo que hemos tenido acá y seguimos teniendo es un caso de persecución política agravada puesto que ya ha llevado a presión preventiva a varios líderes políticos sin fundamento alguno, debilitando gravemente su imagen pública y sus posibilidades electorales.
Ricardo Briceño aporta un elemento adicional que confirma esta tesis y que no había saltado a la luz pública hasta ahora: explica cómo los fiscales cerraron arbitrariamente la investigación preparatoria el 12 de marzo del 2021 para que Keiko Fujimori fuera acusada antes de la primera vuelta, a fin de afectar sus posibilidades electorales. Adelantaron indebidamente el cierre de esa etapa pese a que aún faltaban diversas diligencias tales como algo tan importante como la traducción de las declaraciones de Barata realizadas en Brasil y, en el caso específico de Briceño, las declaraciones de Humberto Speziani, su sucesor en la presidencia de CONFIEP. Es decir, cerraron la etapa preparatoria afectando derechos de la defensa de varios imputados, simplemente para que Keiko Fujimori no gane.
Briceño precisa que él no es fujimorista y que más bien piensa que “Keiko es un desastre. Es la responsable de que estemos donde estamos, su resentimiento, su hígado”. Sin embargo, eso no le impidió ver que “El 12 de marzo se cerró la investigación preparatoria porque venían las elecciones y me consta. Los fiscales se morían de miedo de que Keiko saliera presidenta. Cortaron para que fuera acusada semanas antes de la primera vuelta. Ahora quieren hacer el juicio en dos años, antes del 28 de julio del 2026. No quieren que sea candidata”.
Esta denuncia es muy grave. La Autoridad Nacional de Control de Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia deben recogerla e investigarla. Un hecho como este solo amerita la destitución. Y no es el único. El propio caso Briceño debería ser revisado por esas autoridades, pues aquí ni se dio dinero a la campaña de Keiko Fujimori ni el dinero que se usó para una campaña en defensa de la inversión privada y el modelo económico que comenzó dos años antes de las elecciones, el 2009, tenía, por supuesto, origen ilícito. Al punto que la fiscalía de La Victoria, encargada por el propio José Domingo Pérez, resolvió que se archive el caso y no proceda la investigación preliminar, porque no había nada. Y Pérez no le hizo caso a su propia fiscal. Eso tiene que investigarse.
Pues este también es un caso de persecución política o ideológica, esta vez contra el empresariado. Lo ha dicho claramente el propio Briceño: “Yo creo que detrás de esto hay un amedrentamiento a la clase empresarial para que no se metan en política. Yo soy el chivo expiatorio. Siempre me pregunto si detrás no hay un movimiento conspiratorio que diga que los empresarios no deben entrar en política. Hay un sesgo ideológico en la fiscalía y eso hay que denunciarlo”.
Y tiene razón. Todos los empresarios que hicieron aportes de campaña han tenido que ir a declarar y algunos han sido denunciados. La consecuencia es que nadie quiere ya aportar a una campaña política. Lo que han logrado los fiscales y jueces, al criminalizar las donaciones de campaña, es expulsar al empresariado de la política nacional, para satisfacción profunda de la izquierda.
De hecho, Briceño llega a señalar incluso a Gustavo Gorriti como “la mano que mece la cuna”. “él tiene un sesgo. Si nosotros tenemos una vincha que dice empresario, él lee corrupto. Lo que él piensa se ha trasladado a la fiscalía”.
Insistimos: el caso cocteles y otros son formas de persecución política. Esos fiscales no pueden permanecer en una democracia, y los procesos deben dejarse sin efecto. Lampadia
