Jaime de Althaus
El Comercio, 22 de junio del 2024
El Congreso, debido a este perverso mecanismo de aprobación, se ha convertido en un dispositivo muy peligroso para el país. Y el Ejecutivo no es capaz de hacer contrapeso.
El Congreso ha aprobado leyes populistas o clientelistas que, entre otras cosas, han socavado nuestra mayor fortaleza macroeconómica que es la estabilidad fiscal, sembrando las semillas de un déficit estructural, lo que nos regresaría a los años 80.
Pero la más grave de todas las leyes aprobadas es la que autoriza el nombramiento automático de más de 200 mil maestros sin concurso, destruyendo de un solo golpe la carrera pública magisterial basada en la meritocracia, algo que se logró conquistar con gran esfuerzo hace 16 años y que había logrado consolidarse pese a varios embates e intentos de mediatizarla.
Aquí el costo no es solo fiscal. Es mucho más grave: el costo es la calidad de la educación y, por lo tanto, el futuro del país. Por eso, esa ley es un escándalo. Supone un desprecio olímpico y desvergonzado al derecho de los niños y jóvenes a una buena educación. No se puede hacer clientelismo electoral con la viabilidad nacional.
Pero esa ley es consecuencia no solo de un clientelismo irresponsable, sino de la fragmentación extrema del Congreso que obliga a un juego de reciprocidad para sacar adelante leyes: vota por mi proyecto ahora y yo luego voto por el tuyo (no importa qué sea). Lo increíble es que no haya líneas rojas en esto. La ley en cuestión se gestó no en la Comisión de Educación, sino en la de Presupuesto, impulsada por José Luna de Podemos Perú y Pasión Dávila del Bloque Magisterial. Juega a favor del Fenate en última instancia, y casi todas las bancadas se suman alegremente a la destrucción de un avance institucional tan difícil de lograr en un país como el nuestro.
El Congreso, debido a este perverso mecanismo de aprobación, se ha convertido en un dispositivo muy peligroso para el país. Y el Ejecutivo no es capaz de hacer contrapeso. Esta ley será observada, pero para que el Congreso no insista en ella, el Ejecutivo tendría que hacer cuestión de confianza, algo inimaginable. Solo quedaría una movilización de la sociedad civil, con el Sutep a la vanguardia, que extraordinariamente se manifestó en contra, y con participación del empresariado y la academia.
Si, en general, el Gobierno no puede contener al Congreso, la presidente debería renunciar, lo que tampoco ocurrirá. En su defecto, debería nombrar a un primer ministro de peso, capaz de concertar con el Congreso y encaminar al propio Ejecutivo. Nuevamente, la sociedad civil debería alcanzarle alternativas para ello. De lo contrario, el Congreso debería vacar a la presidente a partir de abril del 2025, cuando las elecciones ya hayan sido convocadas. Pero para eso tendría que elegir ahora a un presidente del Parlamento “presidenciable”.
Y faltaría asegurar elecciones con mejores resultados: aprobar el financiamiento de las campañas por empresas formales –para cerrarle el paso a las ilegales–, permitir alianzas solo para la plancha presidencial y prorrogar el plazo para que posibles candidatos se inscriban en los partidos, lo que debería incluirse en la legislatura extraordinaria que se convoque para las facultades extraordinarias. Amén.
