Por: Diego Macera
El Comercio, 21 de mayo del 2024
“Si realmente queremos un sistema de protección social financiado, se requieren candados creíbles”.
Hay una danza regular entre los organismos internacionales que sugieren mejoras en políticas públicas, de un lado, y el Perú, del otro. Cada cierto tiempo, el Banco Mundial, el BID, la OCDE y otros similares sugieren fortalecer la red de protección social (como las pensiones y el acceso a seguro de desempleo) para las mayorías, siguiendo modelos de otros países. El Perú retruca que es una buena idea en teoría, pero que, en la práctica, la prevalente informalidad del mercado laboral lo impide. Si tan solo fuésemos más formales, les decimos y nos decimos, otra sería la historia.
Tal respuesta ha dejado de ser cierta. Los niveles de protección social en pensiones (a través de las cuentas individuales en las AFP) y de protección contra el desempleo (a través de la CTS, no estrictamente un seguro) se han reducido a una fracción dentro del propio sector formal. Las sucesivas ampliaciones de la libre disposición de la CTS y de retiros de los fondos de las AFP han desvirtuado la razón de existir de ambos sistemas.
Respecto de la CTS, se tiene que los depósitos totales han pasado de más de S/22.000 millones en el 2019 a cerca de S/9.000 millones a inicios de este año. Asumiendo una distribución homogénea, ello implicaría que el trabajador formal promedio –súbitamente desempleado– tendría suficiente para cubrir apenas dos semanas de gastos. En realidad, para la gran mayoría, sería mucho menos o nada, puesto que ya retiraron todo o casi todo. En las AFP, el patrimonio total ahorrado por los afiliados llegó a cerca de S/180.000 millones antes de la pandemia y, luego de varios retiros, a mínimos de casi S/100.000 millones a mediados del 2022. El retiro aprobado el mes pasado podría sacar en los siguientes meses otros S/20.000 millones, aproximadamente. A diciembre del 2023, el 82% de los afiliados a las AFP ya tenía entre cero y una UIT de ese año (S/4.950) ahorrados para su jubilación.
En ambos casos, CTS y AFP, ha tomado relativamente poco tiempo destruir la protección social que tomó décadas construir. Y, lo que es peor, no hay mayor motivo para pensar que la situación mejorará. ¿Qué impediría que el Congreso apruebe otra extensión de la libre disposición de la CTS o un octavo retiro de las AFP (con la venia del Ejecutivo)? Es más probable que el deterioro solo continúe. En la práctica, la CTS se ha convertido en parte del sueldo anual del trabajador formal dependiente y la AFP en un bono extra que reciben cada cierto tiempo los pocos a los que aún les queda algo en su cuenta. Romper ese ciclo no será fácil.
Es tiempo de ajustar o de sincerar la situación antes de seguir ocasionando más daño y desprotección. El arreglo de protección social es, en cualquier país, un acuerdo político. Si realmente queremos un sistema de protección social financiado, se requieren candados creíbles (y las promesas de congresistas de que este será “el último retiro de las AFP” o “la última extensión de la CTS libre” no lo son).
A falta de intervención del Tribunal Constitucional en la materia, quizás la única alternativa es una enmienda constitucional que consagre los ahorros de protección social para uso exclusivo de su razón de ser. No debería ser tanto pedir, a lo mejor como una suerte de resaca legislativa después de todo lo aprobado. Esta debería venir de la mano con un acuerdo claro entre trabajadores, empleadores, compañías involucradas y el Estado sobre lo que realistamente se puede esperar de un sistema como el actual. Cualquier otro camino parece llevar al mismo foso de protección social que venimos cavándonos desde hace cuatro años. La otra alternativa, por supuesto, es que se prefiera el foso; y, en ese caso, también convendría ser sinceros.
