Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 11 de mayo del 2024
El tema crítico aquí es el hecho de que una mayoría de mineros informales opera en concesiones de terceros y que, en muchos casos, los dueños de las concesiones no desean firmar contratos de explotación o de cesión.
Hace dos sábados se llevó a cabo en Chala una cumbre de mineros informales a la que asistieron alrededor de 7.000 mineros para discutir la problemática y demandar una ley de minería pequeña y artesanal que les permita formalizarse. El asunto es de máxima importancia porque, como se sabe, el Reinfo, que es usado como patente de corso por mineros ilegales para que la policía no pueda incautar ni siquiera el oro robado, vence el 31 de diciembre. Entonces es de alta necesidad producir antes de esa fecha un plan serio y realista de formalización para que no se vuelva a prorrogar ese instrumento nocivo.
Por supuesto, la intensidad de la demanda y la cantidad de personas dedicadas a esta actividad convierten a este sector en un interesante bolsón electoral. Por eso asistieron al evento líderes políticos de tendencias incluso opuestas. Estuvo, por ejemplo, Rafael Belaunde Llosa, de Libertad Popular, que tiene una propuesta de formalización, pero también acudió Guido Bellido, que ya lanzó su candidatura presidencial.
Iván Arenas ha hecho notar en “Perú 21″ que llama la atención que, siendo los mineros informales capitalistas populares, Guido Bellido, que es comunista ortodoxo, pretenda representarlos. Antauro Humala no estuvo, pero no pierde oportunidad de defender a quienes llama los mineros ‘nativos’ frente a la gran minería transnacional. Bellido y otros azuzan la idea de que los informales no se pueden formalizar porque la mediana y la gran minería se oponen. Es decir, incitan a la lucha de clases, cuando en realidad estamos hablando de pequeños empresarios que quisieran efectivamente crecer en la economía legal.
Entonces es importante generar un espacio que permita el aporte de todos los actores mineros, incluida la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en la definición de un plan serio de formalización. Incorporar a más de 300 mil mineros informales a la legalidad fortalecería de manera notable el Estado de derecho y la integración del mundo andino a la nación, inyectaría una potente clase media empresarial de origen rural, permitiría incrementar los ingresos fiscales, y aislar y reprimir a la minería ilegal, ahora asociada con organizaciones criminales transnacionales. Sería un hito histórico.
El tema crítico aquí es el hecho de que una mayoría de mineros informales opera en concesiones de terceros y que, en muchos casos, los dueños de las concesiones no desean firmar contratos de explotación o de cesión. Este es el nudo gordiano que debe resolverse. Se trataría de diseñar un esquema inteligente de incentivos para facilitar los contratos o los acuerdos. El asunto es delicado porque involucra los derechos de propiedad. La solución no puede afectar la seguridad de las concesiones. Y no tiene por qué hacerlo.
El Perú es un país complejo y socialmente diverso. El desafío entonces para resolver los problemas de integración es mucho mayor que el que tiene, por ejemplo, Chile. Requiere una alta capacidad de diálogo, inteligencia y creatividad. Eso es lo que necesitamos estos meses para encontrar los caminos correctos para dar un salto nacional desactivando una situación que, de no resolverse, podría ser inmanejable.
