Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 4 de mayo del 2024
“Es que, para el Congreso, el Estado no es una organización que deba ofrecer servicios públicos de calidad a la población, sino una base para la pesca clientelista a la que hay que ofrecerle toda clase de privilegios ”.
Exultante, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó el proyecto de ley que obliga a las farmacias y boticas a tener un 30% de genéricos. Esto, pese a que ya se había argumentado hasta la saciedad que esa disposición llevaría a la quiebra a más de 20 mil boticas independientes que carecen de espaldas financieras para mantener un stock de esa naturaleza o se verían obligadas a dejar de ofrecer el producto para no estar obligadas a tener el correspondiente 30%, dejando a la población sin acceso a genéricos. Fuera de crear un sistema complicado de fiscalizar, que sería pasto de las extorsiones de los inspectores.
Es populismo: la idea de que los privados son malos y solo piensan en el lucro de modo que hay que obligarlos a ofrecer productos más baratos. No se les ocurre que populismo sano y mucho más potente sería fiscalizar y obligar al Estado a ofrecer genéricos para todos y de manera gratuita, contratando gestión privada para que pueda hacerlo, para lo que el sector salud dispone de un presupuesto anual de más de S/1.000 millones, que se pierden Dios sabe dónde porque los medicamentos no llegan de manera suficiente a los establecimientos de salud. Por eso, los pacientes prefieren ir directamente a las farmacias a atenderse. Y, en lugar de autorizar a que el sector resuelva el pobrísimo primer nivel de atención destacando médicos a las farmacias, el proyecto incomprensiblemente prohíbe que las farmacias tengan médicos y hasta que vendan alimentos, destruyendo todo atisbo de libertad empresarial.
Es que, para el Congreso, el Estado no es una organización que deba ofrecer servicios públicos de calidad a la población, sino una base para la pesca clientelista a la que hay que ofrecerle toda clase de privilegios como nombramientos automáticos y de ninguna manera incomodarla exigiéndole cumplir metas y estándares o pasar evaluaciones de desempeño.
Por eso, el Congreso anterior aprobó una ley para acabar con el régimen CAS y pasar a los más de 300 mil que estaban en ese régimen –que, si bien era temporal, gozaba de varios beneficios sociales– a contratos indefinidos sin concurso y sin evaluaciones. Es decir, se les dio estabilidad absoluta en lugar de pasarlos al régimen de la ley del servicio civil, que es meritocrático. Por supuesto, mientras eran CAS tenían que trabajar y rendir, para que se les renueve el contrato. Una vez nombrados, pueden descansar y zurrarse en los ciudadanos.
Lo mismo con la ley de nombramiento de los CAS en Essalud, con la ley de ingreso a la carrera pública magisterial de los que no habían aprobado, con el incremento de remuneraciones por más de S/10 mil millones en el presupuesto de este año a cambio de nada, y así sucesivamente.
La función del Congreso es fiscalizar al Ejecutivo para que sirva bien a los ciudadanos. No repartir privilegios a los servidores públicos para que no tengan que rendir cuentas y puedan incluso inventar regulaciones incumplibles para cobrar luego por acreditar.
