Jaime de Althaus
Para Lampadia
Al 23 de enero, cuando Daniel Noboa cumplió dos meses de gestión como presidente de Ecuador, su aprobación había subido casi al 80% según la encuestadora Comunicaliza. Evidentemente ello reflejaba los avances en la lucha contra la criminalidad.
El 3 de febrero el diario El Universo informaba que, según la Policía Nacional, 5,610 personas habían sido detenidas en el marco del Plan Fénix entre el 9 de enero y el 3 de febrero. Se habían incautado 1,889 armas de fuego, 9,776 explosivos y 93,101 municiones y más de 4 toneladas de droga, y se había recapturado a 34 personas privadas de su libertad.
Hace poco, Teleamazonas publicó que accedió a un informe estadístico de Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el que consta que, desde el 8 de enero hasta el 14 de febrero de 2024, se realizaron 1.351 operaciones militares en 18 cárceles. Fueron decomisadas 45 armas largas, 156 armas cortas, 1,305 armas blancas, 66,967 municiones de diferentes calibres, 661 explosivos, 306 alimentadoras, 526 kilogramos de droga. Además, se incautaron de 18,325 dólares en efectivo, 165 electrodomésticos y 2,722 equipos de comunicación. Fueron recapturados 55 privados de la libertad que habían fugado de estos recintos.
El número de homicidios ha bajado sensiblemente. En enero cayó en 41% en relación con enero del año pasado, según cifras oficiales citadas por el informativo Primicias.
El altísimo nivel de aprobación de Noboa debería servirle para avanzar con reformas económicas necesarias para la reactivación de la economía. Pero el problema inmediato del gobierno es el elevado déficit fiscal. No hay plata para pagar la deuda externa y la deuda a los proveedores del Estrado, esta última de más de 2 mil millones de dólares. Y se paga a los servidores públicos con un mes de retraso.
Por eso el gobierno de Noboa ha tenido que comenzar con leyes de excepción para recaudar más fondos, subiendo el IVA de 12% a 13%, con posibilidad de llegar a 15%, e imponiendo sobretasas temporales a las empresas y a la banca. Con ello proyecta recaudar $2,500 millones adicionales, aproximadamente el monto que gasta el gobierno en mantener los subsidios a los combustibles y al gas, que, por supuesto, no se atreve a eliminar ni siquiera aprovechando el capital político del que goza ahora. El hecho es que la subida de impuestos, indispensable si la eliminación de los subsidios es tabú, es recesiva en una economía que ya está estancada.
Por supuesto, la mejora de los niveles de seguridad, si se consolida, ayudará a que la inversión privada fluya. Pero se requiere reformas para despejar el ambiente regulatorio sobre cargado y relativamente refractario a la inversión extranjera.
Noboa logró que se aprobara una ley de zonas francas y otra de apoyo al turismo, así como facilidades tributarias, pero probablemente carece de la mayoría necesaria para aprobar reformas de mayor calado orientadas a liberalizar la economía.
Por eso, el gobernante está planteando un referéndum que se realizará el 21 de abril en el que se consultará, entre otras, las siguientes cuestiones:
3. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?
Es decir, reformas básicas y mínimas para facilitar la inversión extranjera y flexibilizar en algo la legislación laboral, a fin de facilitar la inversión privada en general y hacer posible el crecimiento de las empresas y del propio empleo. Debió aprovechar su popularidad para ser más ambicioso en sus propuestas de cambio.
La mejor de las suertes al presidente Noboa. Lampadia
