Por: Nicolás Zevallos Trigoso
Director del Instituto de Criminología
El Comercio, 14 de febrero del 2024
“Hoy, dos de nuestros motores económicos están en riesgo. Mañana serán también el turismo, la agroindustria o los servicios. Si no se actúa a tiempo, toda la maquinaria se habrá detenido y no podremos volver a despegar. Al menos no legalmente”.
Hace unas semanas, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe destacó la barrera que representan el crimen organizado y la violencia para el desarrollo de la región. En su texto, mencionó que ya en el 2012 un informe del banco estimaba que la violencia tenía un costo equivalente al 8% del PBI en seis países de la región y que una reducción del 10% en la violencia podría resultar en un aumento del crecimiento anual en los países más afectados por este flagelo. Así, si no se adoptan medidas para mitigar la delincuencia, además de los riesgos letales que supone el incremento de los delitos violentos, también enfrentamos un grave riesgo de estancamiento económico en nuestros países.
Más allá del significativo impacto que tienen en nuestra economía, durante muchos años se ha considerado que dos sectores son claves para nuestro crecimiento: la minería y los emprendimientos. Hoy, ambos sectores son víctimas del crimen organizado. Por un lado, los proyectos mineros legales se ven afectados por la minería ilegal y los actores criminales asociados. El caso de la minera Poderosa en Pataz es solo el ejemplo más visible de una problemática que se extiende a otras localidades del país. Lo que comenzó como la incursión de mineros ilegales en las concesiones legales ha atraído a redes criminales involucradas en secuestros, extorsiones y asaltos, poniendo en riesgo tanto a los proyectos mineros legales como a las comunidades en las que operan.
Por otro lado, las bandas criminales emergentes en los principales centros urbanos del país se han convertido en una gran amenaza para nuestros emprendedores. Según datos del INEI, los negocios locales destinan hasta el 10% de sus ingresos a garantizar su seguridad. Los secuestros, extorsiones y asaltos, que anteriormente se centraban en grandes empresarios, ahora afectan también a vendedores ambulantes, comerciantes locales y negocios familiares, victimizándolos diariamente por montos mínimos, como el pago por ocupar un espacio en la vía pública, o por préstamos usureros a través del sistema del gota a gota. Ser emprendedor hoy día implica no solo un riesgo económico, sino también la necesidad de evaluar las amenazas a la seguridad que conlleva tener un negocio productivo.
La solución al problema no es únicamente policial y judicial, aunque, dada la situación actual, esta parece ser la respuesta más urgente. Es fundamental formar grupos de tarea con objetivos tácticos claros y eficacia operativa garantizada. La colaboración coordinada entre la fiscalía y la policía es crucial, al igual que lo ha sido en algunas operaciones antinarcóticos y en los avances del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop). No podemos permitirnos actuar a medias, especialmente cuando sabemos que tenemos la capacidad de lograr resultados significativos.
A mediano plazo, es vital identificar las vulnerabilidades administrativas y regulatorias que facilitan o incluso legitiman las actividades de estas redes criminales. La facilidad para otorgar concesiones superpuestas, la debilidad del sistema judicial para proteger estas concesiones otorgando amparos y cautelares, la regulación de conglomerados comerciales son solo algunos de los aspectos a considerar. Esto no implica necesariamente persecución criminal, excepto en casos de corrupción evidente. En el ámbito de la minería, sin duda el desafío principal reside en la extensión interminable del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
A largo plazo, el problema es aún mayor, y apenas estamos comenzando a ver las consecuencias de permitir el crecimiento de economías ilícitas y las redes criminales que las sostienen. Ya en el 2016 alertábamos sobre cómo estos mercados ilegales intentaban infiltrarse en la política peruana. Ocho años después, con siete presidentes de por medio, es evidente el poder y la influencia que han logrado. Mediante cambios normativos aparentemente menores, abren la puerta al crecimiento de estas economías ilegales. El gran desafío surgirá si estas economías ilícitas logran consolidarse como las únicas alternativas viables. Con un 70% de informalidad, este problema no hace sino agravarse.
Hoy, dos de nuestros motores económicos están en riesgo. Mañana serán también el turismo, la agroindustria o los servicios. Si no se actúa a tiempo, toda la maquinaria se habrá detenido y no podremos volver a despegar. Al menos no legalmente.
