Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 6 de enero del 2024
“¿Cuál podrá ser el resultado de una elección el 2026 con 33 o 34% de pobreza?”
Según David Tuesta, la tasa de pobreza del 2023 habrá llegado con alta probabilidad al ¡30%! Si este año crecemos 2% o menos, la pobreza seguirá aumentando. ¿Cuál podrá ser el resultado de una elección el 2026 con 33 o 34% de pobreza y decenas de candidatos en un ambiente, por añadidura, de alta inseguridad, anarquía y descomposición institucional? Sería el escenario ideal para un ‘outsider’ autoritario y antisistema porque los electores no verían nada que defender en un orden que solo les ofrece dificultades, temor y hambre. Solo tenemos una vacuna contra eso: los traumas que generó el desastroso gobierno de Castillo, cuya elección respondió al mismo cuadro. El pueblo ya probó esa salida, y conoció el resultado. Pero esa vacuna puede ir perdiendo efecto con el paso del tiempo.
Necesitamos llegar al 2026 con una economía en franco crecimiento y con reformas políticas e institucionales básicas. La pregunta, entonces, es: ¿qué esperan el Gobierno y el Congreso para ponerse de acuerdo en una agenda de reformas económicas y políticas? En su defecto, ¿qué esperan las bancadas de centroderecha para hacerlo? ¿O el Gobierno para plantear cuestiones de confianza en esa línea y nombrar ministros que tomen decisiones disruptivas para despertar confianza?
No parece haber conciencia del problema. Los actores están sumidos en disputas de poder o en la defensa de intereses menudos que arrasan con avances o normas necesarias. Hay podredumbre y miopía extrema. Los decretos legislativos promulgados introducen algunas reformas positivas, pero se necesita mucho más. No hay confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero es una paz estéril.
Ante la indolencia o la venalidad del ‘establishment’ político, sectores de la sociedad civil lanzan algunas iniciativas regenerativas. Tenemos esfuerzos para producir diálogos y confluencias como los de Alvaro Henzler en Transparencia, que se centran en una preocupación por la democracia en el Perú. Está muy bien, pero en la base de la desafección con la democracia y la política lo que tenemos es una informalidad que excluye a la mayor parte de los peruanos de las estructuras legales y por lo tanto, en última instancia, de la ciudadanía política. Los peruanos evaden la polis. Solo confían en su familia o su comunidad. La solución a ese problema es la base de la solución de los problemas de representación política y también del crecimiento económico. Porque las reformas económicas que se requieren son precisamente las inclusivas, sinónimas de libertad económica.
Y el diagnóstico de Transparencia sobre la degradación institucional y democrática solo da cuenta de los hechos de los últimos dos años. No incluye el disparador que fue el populismo político de Vizcarra y la criminalización de parte importante de la clase política por parte de los fiscales Lava Jato, que generaron la reacción que vemos ahora. Por eso, la Coalición Ciudadana que publicó recientemente un “Manifiesto por la democracia” es en realidad una coalición de quienes se identificaron con esos hechos. Necesitamos un mea culpa de todos los sectores.
Para recuperar la fe y esperanza es indispensable volver a crecer a tasas altas. Hay que discutir acerca de qué necesitamos para ello. Por supuesto, una democracia funcional es fundamental. Pero se requieren reformas y decisiones que no se adoptan. Quizás la marcha contra la delincuencia que juntó a la Confiep, la CGTP y otros gremios, y conversaciones previas, sin precedentes, sean el punto de partida de un diálogo social que apunte a organizar esa discusión. Hay que ver el futuro: un puerto de Chancay que coloca al Perú en cadenas de valor globales a partir de una potente minería de cobre y de litio muy demandadas por la transición energética mundial, y que les da aún más competitividad a nuestras agroexportaciones, junto a un turismo expansivo. Con todos los peruanos integrados al Estado legal.
