Por: Juan Manuel Benites
Perú21, 1 de noviembre del 2023
“El equilibrio entre la protección ambiental y la sostenibilidad agrícola es fundamental para garantizar que no se cause efectos adversos innecesarios y no vayamos a terminar destruyendo uno de los motores de la economía, que tiene un peso significativo en el empleo y que es donde se ubican los sectores más vulnerables”.
La agricultura peruana está ante desafíos ambientales y económicos, algunos impulsados por buenas intenciones de proteger el medioambiente, pero también se observa una tendencia a usar estas políticas como estrategias de ataque a las empresas, en un patrón que recuerda a las empleadas en otros sectores como minería, hidrocarburos y pesquería. Estas políticas, si bien tienen como objetivo la conservación ambiental, también parecen destinadas a socavar la reputación de las empresas agrícolas y a desestabilizar sus mercados, lo que complica la situación para el sector.
La derogación de la Ley de Promoción Agraria, presentada como una medida de apoyo al sector agrícola, ejemplifica cómo estas políticas basadas en ideologías pueden influir en decisiones políticas sin una evaluación exhaustiva de posibles consecuencias y el análisis costo-beneficio. Es crucial reconocer que el medioambiente y la economía no son fuerzas opuestas. La cooperación y el equilibrio son esenciales para un desarrollo sostenible. En lugar de adoptar un enfoque punitivo, es más constructivo promover el diálogo y la colaboración entre el privado y público.
Pero, el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario presenta desafíos adicionales, especialmente donde la actividad agrícola ya está en curso. La Ley Forestal y Fauna prohíbe el cambio de uso de tierras con capacidad de uso mayor forestal o de protección, incluso si no tienen cobertura vegetal, para fines agropecuarios. Además, se prohíbe otorgar títulos de propiedad o constancias de posesión en terrenos de dominio público con esta capacidad de uso. No obstante, a través de los años, desde 1975 cuando se publicó la primera ley forestal, el Estado ha titulado o entregado en posesión más del 50% de las tierras dedicadas al agro. Esto plantea interrogantes críticas. ¿Por qué hacer costosos estudios de suelos para determinar la viabilidad agrícola si ya se ha practicado por años? ¿Se planea prohibir o cerrar operaciones existentes? Sería nefasto para la economía y la seguridad alimentaria.
En resumen, el marco legal actual genera incertidumbre sobre las actividades agrícolas en curso en áreas sin cobertura forestal o en suelos de protección donde están asentadas hace décadas, lo que podría amenazar la continuidad de muchas operaciones. Es necesario adaptar el marco jurídico para crear un enfoque especial de formalización ambiental para actividades en curso, considerando los costos de estudios, vulnerabilidad social, tramitología y los derechos de propiedad existentes.
El equilibrio entre la protección ambiental y la sostenibilidad agrícola es fundamental para garantizar que no se cause efectos adversos innecesarios y no vayamos a terminar destruyendo uno de los motores de la economía, que tiene un peso significativo en el empleo y que es donde se ubican los sectores más vulnerables. La colaboración entre todas las partes interesadas es esencial para alcanzar este equilibrio.
