Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 28 de octubre del 2023
«La opción de reforzar el fondo de reparto público solo agrava la brecha informal y la futura brecha fiscal”.
Es increíble que el Congreso quiera insistir en un séptimo retiro de las AFP que solo beneficiaría a los relativamente pocos aportantes de mayores ingresos que no han agotado sus fondos previsionales en los retiros anteriores, dejando a una cantidad aun mayor de afiliados sin pensión para sus años de vejez. Un tic populista necio que ni siquiera beneficia al pueblo, que no aporta a ningún sistema de pensiones.
Y ese es el verdadero problema que el Congreso debería abordar: una reforma del sistema de pensiones que incluya a todos y asegure una pensión en lugar de dilapidarla. No es posible que se proponga un nuevo retiro que destruya el sistema cuando se requiere construir uno y cuando el Ejecutivo ha enviado un proyecto de reforma que debería empezar a ser debatido.
El gran problema del sistema de pensiones es la altísima informalidad. Solo un 27% de la PEA cotiza a un sistema de pensiones. Habría que comenzar, entonces, por proponer reformas de simplificación regulatoria, laboral y tributaria para reducir la informalidad. Empezar por el sistema de pensiones es poner la carreta delante de los caballos.
Hay, sin embargo, una manera en que el sistema de pensiones puede ayudar a formalizar: haciendo, como propone Lampadia, que todos los peruanos a partir de los 18 años tengan una cuenta previsional en la que se abone una parte del IGV que pagan cuando compran algo. De esa manera, acumulan para su pensión mientras ayudan a formalizar al pedir comprobante de pago.
El proyecto del Ejecutivo recoge la idea de la afiliación obligatoria a partir de los 18 años, pretendiendo así la universalidad, pero propone que, si la persona a esa edad no elige qué sistema prefiere, queda afiliado automáticamente en el sistema público, en la ONP. En lugar de procurar un sistema universal de cuentas individuales de capitalización que se autofinancian y crecen con la rentabilidad que generan, liberando así al fisco de tener que financiar pensiones futuras, se engrosa un sistema público de reparto que a la larga puede generar un déficit fiscal inmanejable, más aún considerando el envejecimiento de la población.
Peor aún si lo que se propone para que los informales puedan construir sus pensiones es claramente insuficiente. El proyecto plantea fórmulas para el ahorro voluntario (que difícilmente funciona) e incluso para el aporte del MEF a personas de bajos ingresos vía un mecanismo similar a las deducciones del impuesto a la renta para ciertos consumos como restaurantes, hoteles y servicios médicos. Es un mecanismo mucho menos potente y abarcador que el del IGV que mencionamos. Pero, además, ¿dónde abonaría el MEF este aporte si el proyecto no contempla la apertura de cuentas de capitalización individual en la ONP, que es donde se afiliarían por default la mayor parte de los informales a los 18 años?
Es que, en lugar de evolucionar a un sistema de cuentas individuales de capitalización, la ONP se mantiene, en el proyecto del Ejecutivo, como un fondo de reparto al que aportará (muy poco) la mayor parte de las personas, configurando una carga presupuestal creciente. Una bomba de tiempo fiscal. La gran ventaja de los sistemas de capitalización individual es que no comprometen gasto público y generan una rentabilidad que incrementa la pensión.
Un sistema basado en cuentas de capitalización individual para todos y donde los ciudadanos puedan captar un porcentaje del IGV que pagan cuando compran algo sería más inclusivo, más formalizador y más sano fiscalmente. Y no sería regresivo si el porcentaje de aporte es mayor para los de menos ingresos y mínimo para los más pudientes. Incluso aumentaría los ingresos fiscales vía la formalización. En cambio, la opción de reforzar el fondo de reparto público solo agrava la brecha informal y la futura brecha fiscal.
