Jaime de Althaus
Para Lampadia
Algo que llamó la atención -aunque no tanto la verdad- es que la ley que nombra maestros fuera de procedimientos meritocráticos fuera aprobada nada menos que por 100 congresistas, incluyendo los de las bancadas de Renovación Popular y Avanza País, supuestamente defensores de la meritocracia. Hubo solo 10 votos en contra, principalmente de Fuerza Popular, que se partió en dos.
Consultado por Lampadia, Diego Bazán de Avanza País, que votó a favor de la ley, dio la siguiente explicación: “Nos metieron de contrabando un punto adicional que no estaba contemplado en el dictamen que salió de la comisión. Fuimos sorprendidos. Por eso Avanza país plantea apoyar la reconsideración”.
Revisando con detenimiento el proyecto, vemos que en su artículo 2 se ordena una evaluación para entrar a la carrera magisterial de aquellos maestros que habiendo estado en la ley del profesorado fueron retirados porque en su momento no tenían título o no pasaron la evaluación:
Se autoriza al Ministerio de Educación a realizar una evaluación excepcional y por única vez, para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial, a aquellos profesores que fueron nombrados interinamente durante la vigencia de la Ley 24029, Ley del Profesorado, y retirados del servicio público magisterial en aplicación de la Resolución de Secretaría General 2078-2014-MINEDU. La evaluación excepcional tendrá en cuenta la competencia pedagógica y trayectoria profesional y laboral del profesor. Los profesores que aprueben la evaluación excepcional ingresan a la primera escala magisterial.
Hasta allí la norma es hasta cierto punto defendible. Se trata de maestros muchas veces contratados que para ingresar a la carrera tendrían que pasar una evaluación (excepcional). Por eso muchos congresistas apoyaron la norma. Aquí lo objetable es el gasto que entraña: una capacitación especial para que se preparen y luego una evaluación también especial, distinta a la prueba única nacional. Los demás maestros se preguntarán por qué no hay una capacitación especial para ellos.
Pero la trampa aparece luego en dos artículos, que son los que los congresistas no leyeron o no quisieron leer. El artículo 5to Dice:
“Los profesores sin título nombrados interinamente bajo la vigencia de la Ley 24029, Ley del Profesorado, que hayan obtenido título de profesor o licenciado en educación hasta el 25 de noviembre de 2012, son incorporados con la sola acreditación de su título a la carrera pública del profesorado, regulada en la Ley 24029, conforme al artículo 154 del Decreto Supremo 19-90-ED en lo referente al nivel. Una vez incorporados en el nivel correspondiente son ubicados en la escala magisterial de la presente ley, conforme a la primera disposición complementaria, transitoria y final».
Es decir, estos profesores sencillamente no pasan evaluación, contradiciendo lo señalado en el artículo 2. Lo mismo ocurre con lo dispuesto en el artículo 6:
“Se autoriza excepcionalmente y por única vez, el ingreso a la primera escala magisterial de la Carrera Pública Magisterial de aquellos profesores que fueron nombrados interinamente durante la vigencia de la Ley 24029, Ley del Profesorado, que hayan obtenido título de profesor o licenciado en educación entre el 26 de noviembre de 2012 y el 25 de noviembre de 2014, y que fueron retirados del servicio público magisterial…”
Es decir, ingresan a la primera escala magisterial sin pasar evaluación, contradiciendo nuevamente el artículo 2.
Al parecer algunos congresistas como Diego Bazán y Flor Pablo ya se percataron del contrabando y están planteando la reconsideración. Pero esto habla también de la ligereza con la que se aprueban leyes que pueden ser muy perjudiciales. ¿Cómo es posible que no se lea con detenimiento lo que se va a votar? Esta ley definitivamente no puede pasar.
Por supuesto, la flamante ministra de Educación, Miriam Ponce, ya se percató de las trampas y expresó a Lampadia que hoy se reuniría en el Congreso con Rosselli Amuruz para plantearle que no se envíe la autógrafa al Ejecutivo y más bien trabajar conjuntamente una ley que establezca evaluaciones de nombramiento todos los años para que se presenten todos quienes deseen hacerlo, incluyendo los 14 mil profesores que se quería beneficiar con esta mala ley. Es la solución. Lampadia
