GERMÁN SERKOVIC GONZÁLEZ
Abogado
Para Lampadia
El gobierno ha solicitado al Congreso facultades legislativas, con el muy loable propósito de luchar contra la inseguridad que preocupa, junto con la economía, a los ciudadanos en todos los confines del país.
Dentro del paquete de medidas orientadas en ese sentido, se encuentra una propuesta para modificar la actual Ley de Armas, iniciativa que parte de las recomendaciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC.
Conviene detenerse en examinar el texto de las propuestas de SUCAMEC dado que sorprenden por su simplismo y poco conocimiento. La administración insiste en la idea que la delincuencia puede ser controlada incrementando la burocracia, dificultando los procesos para renovar las licencias de uso de un arma a los civiles responsables y haciéndolos más onerosos.
Es todo lo contrario, pero para entender esto se requiere un replanteamiento de las cosas desde sus inicios. Complicar el acceso a un arma, y por tanto limitar el derecho a la legítima defensa, afecta a los ciudadanos respetuosos de las normas.
A los delincuentes las normas les son del todo intrascendentes, por algo operan fuera de la ley, esa es la esencia del facineroso. Y hasta se diría que les conviene, con leyes restrictivas pueden estar seguros que la persona a que le ponen el ojo para atentar contra sus bienes o su vida, se encuentra inerme. Se les simplifica la “labor”.
La primera propuesta de modificación planteada por SUCAMEC -y la más absurda, hay que decirlo- consiste en variar el artículo sétimo de la Ley de Armas, cambiando las condiciones para la obtención y renovación de la licencia para tener un arma de defensa.
Actualmente el solicitante debe “expresar” sus motivos -además de cumplir con una serie de obligaciones como presentar antecedentes limpios y pasar por un examen sicológico- para portar un arma defensiva, esto es, exponer en unas líneas cuáles son sus motivaciones. Se trata de una simple declaración que es hasta innecesaria, basta leer los titulares de la prensa para saber que la delincuencia crece imparable y esa es suficiente razón. Para SUCAMEC, esto es insuficiente, la administración quiere tener el poder discrecional para decidir respecto de las licencias y la posibilidad de defensa de las personas que han cumplido con todos los requisitos que las normas contemplan. Es el puro arbitrio que se presta a las injusticias y la corruptela. SUCAMEC propone que el solicitante “acredite y fundamente documentalmente” las razones de la solicitud para llevar un arma defensiva. En otras palabras, lo que SUCAMEC está exigiendo son pruebas, no le basta el dicho del solicitante, presupone que es una persona falta de confianza y credibilidad. Pero, ¿Qué pruebas se pueden presentar para satisfacer a la administración? ¿Quizá un documento suscrito por un delincuente con firma legalizada ante notario público diciendo que nos quiere asaltar? ¿Un video de los buenos muchachos del Tren de Aragua, identificándose con su carnet de extranjería señalando su próximo secuestro o asesinato? Es un mamarracho legal que atenta contra el enunciado de la propia Constitución que, en su artículo segundo, numeral 23, reconoce el derecho a la legítima defensa.
La segunda propuesta contempla -modificando el artículo 19 de la Ley- limitar a tres el número de armas para deporte y caza. Tal enunciado parte del desconocimiento más absoluto de lo que son las modalidades deportivas y la cinegética, cada categoría deportiva requiere de un arma específica y cada presa de caza de un arma con el calibre adecuado, por lo que limitar la posesión a tres armas es un sinsentido. Pero lo curioso no es eso -es ridículo, pero no curioso- lo realmente llamativo son los argumentos de SUCAMEC para fundamentar su propuesta. Sostiene la administración que ha detectado usuarios con muchas armas, no menciona cuantos, e “infiere que se puede estar haciendo algún tipo de tráfico ilegal”. En el colmo de la audacia, SUCAMEC “infiere” la existencia de un traspaso de armas legales a la delincuencia. El término no es el correcto, inferir es extraer una conclusión en base a hechos tangibles y demostrables. No lo hace, lo que está haciendo SUCAMEC es pretender que se efectúen modificaciones a una norma legal en base a sus suposiciones, a sus conjeturas o a dichos sin comprobación alguna. No se puede legislar en base a suposiciones.
Por último, se pretende también limitar el número de municiones que se pueden adquirir mensualmente para defensa personal. Nuevamente SUCAMEC presume que el número actual es excesivo y supone que esto deriva en un mercado ilegal de municiones. No sólo el argumento se basa en creencias no demostradas e imaginativos supuestos, sino que también asume que el administrado es un sinvergüenza que vende sus municiones legalmente adquiridas a la delincuencia. La inobservancia total del principio de buena fe.
En realidad, los fundamentos de SUCAMEC son en extremo pobres y bien haría el Superintendente en llamarle severísimamente la atención a su departamento legal por proponer tal desaguisado.
Lo que se observa en el fondo de las propuestas de la administración, es una evidente lavada de manos, pretendiendo responsabilizar al usuario por las deficiencias de SUCAMEC. El responsable de que algunos delincuentes cuenten con licencia para portar armas, o que accedan a armas que no han sido renovadas en razón a trámites complicados, excesivos o caros, o que exista contrabando de armas y municiones; no es el usuario, es la administración…y bien haría en asumir sus responsabilidades.
Es de esperar que el Congreso, donde hay personas sensatas que conocen del tema, no acepte la delegación de facultades en esta materia o, al menos, no en los términos que SUCAMEC plantea. Lampadia
