Jaime de Althaus
Para Lampadia
Este es el momento de los partidos políticos y de la sociedad civil. Si el gobierno de Dina Boluarte va a permanecer hasta el 2026, tiene que mejorar la calidad de la gestión, designar mejores ministros en carteras clave y promover la aprobación de reformas económicas y políticas. Esto para recuperar la confianza de los inversionistas a fin de volver a crecer, generar empleo y mejorar los ingresos de la población. De lo contrario, si seguimos como vamos, el 2026 puede ser pasto de outsiders antisistema. Las cosas tienen que cambiar.
El problema es que la presidenta Boluarte no tiene fuertes incentivos para mejorar.
Ella no tiene partido político interesado en llegar bien al 2026, y tampoco tiene un Congreso que le exija.
El propio Congreso carece de incentivos para demandar resultados por la misma razón: a la mayor parte de los congresistas no les interesa el 2026 porque carecen de partido y tampoco pueden reelegirse, de modo que priorizan intereses particulares inmediatos. De las 13 bancadas, solo 6 corresponden a partidos políticos, y dos de esas seis (Avanza país y Renovación Popular) no tienen contacto con el partido respectivo.
La única manera de romper este círculo vicioso es desde afuera. Desde los partidos y desde la sociedad civil.
La elección de la mesa directiva puede ser un punto de partida: quienes negociaron la lista 1 no fueron los congresistas sino los partidos, al más alto nivel. Esa coordinación (del “bloque democrático”) a nivel de partidos debería mantenerse ahora para acordar unas bases de plan de gobierno para el 2026, que aplique quien gane. Esas bases servirían de orientación y directiva a las bancadas respectivas para avanzar en la aprobación de reformas necesarias
En su mensaje al Congreso la presidenta planteó algunas reformas en temas tales como seguridad, inversión público-privada y OXI, simplificación de regímenes tributarios, sistema de pensiones, meritocracia y reforma política. El Congreso debe aprobar las facultades solicitadas y los proyectos de ley respectivos. Pero puede además avanzar en reformas pendientes tales como:
- Ventanilla única en minería, formalización minera, gobernanza minera y canon
- Reforma laboral inclusiva
- Reforma de la Salud
- Ley de contrataciones con esquemas colaborativos
- Reforma de la gestión del agua potable
En esa línea, es indispensable además que el Congreso desarrolle una oposición constructiva pero exigente, que fiscalice, entre otros temas:
- El avance la meritocracia (una vez promulgado el decreto legislativo sobre la ley Servir)
- El avance de la simplificación administrativa y regulatoria (aplicación rigurosa de los Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), que ya es obligatoria)
- La digitalización de todos los procesos de compras y licitaciones
- El destrabe de los proyectos de inversión públicos y privados
- La celeridad y simplificación en el otorgamiento de permisos mineros
- La formalización de la minería informal
- La tecnificación de la agricultura familiar
- La supresión de las colas en los hospitales y la atención en el primer nivel de salud
La oposición de centro derecha debe ser, además, mucho más exigente con la calidad de los nombramientos. Salud y Essalud son casos clamorosos. No solo eso: la designación de ministros altamente calificados, expeditivos y de perfil más político en los ministerios de Economía y Energía y Minas sin duda ayudaría restablecer la confianza de los inversionistas. Pues los ingresos fiscales han caído abismalmente, el gasto aumenta generosamente y no hay inversión privada, tampoco minera. Necesitamos otros ministros para que eso cambie. .
Y puede cambiar, si el Congreso se vuelve serio y si la sociedad civil y los gremios empresariales salen de su letargo y deciden llevarle al gobierno propuestas de reformas y también de personas de alta calidad que puedan asumir responsabilidades ministeriales o directivas. Este es un gobierno carente de recursos políticos y profesionales. Si se va a quedar hasta el 2026, necesita la colaboración de la sociedad civil. Lampadia
