Jaime de Althaus
Para Lampadia
La debilidad de la movilización del 19 de julio lleva a concluir que el escenario de un adelanto de elecciones tiene muy pocas probabilidades de darse, más aún considerando que ni la presidenta ni el Congreso están dispuestos a tal cosa. Pero eso mismo obliga al gobierno y al Congreso a dar un salto de calidad en lo relativo a nombramientos, gestión y al tipo de leyes que se aprueban.
Pues, desde el lado del Ejecutivo, lo que vemos es que la capacidad de convocatoria del gobierno es limitada: si bien ha logrado reclutar a buenos profesionales para varios ministerios, no logra hacer lo mismo en otras carteras y cargos clave. Lo hemos visto clamorosamente en un sector tan delicado y sensible como Salud, donde ni el ministro ni los sucesivos presidentes de Essalud dan la talla.
Ese es un problema que el gobierno tiene que resolver. La presidenta no puede pretender permanecer en el cargo si no es capaz de construir relaciones que le permitan recurrir a los mejores para asumir lo cargos públicos. Se requiere buena gestión para mejorar la atención en salud, disminuir la inseguridad ciudadana y destrabar los grandes proyectos mineros y de infraestructura, y más ambición para introducir cambios y reformas que permitan reactivar un país que ya no crece.
Necesitamos un punto de inflexión. Permanecer con un crecimiento anémico que solo sirve para aumentar la pobreza año a año, en medio de escándalos de corrupción, y denuncias a mochasueldos sin sanción ni expulsión, puede llevar a la elección de un outsider antisistema o autoritario en 2026. Según el último Latinobarómetro, solo el 8% de los peruanos está satisfecho con la democracia, el porcentaje más bajo de toda América Latina. Hay que romper la inercia.
El discurso del 28 de julio dejará ver si el gobierno quiere transformar o solo quiere durar, y aun así estará por verse si lo que se dice luego se cumple. Allí debería plantearle al Congreso una agenda conjunta de reformas políticas, económicas y del Estado para atacar los problemas estructurales que han destruido la gobernabilidad, anulado la meritocracia y la provisión de buenos servicios públicos, y que han estancado la economía e impiden recuperar inversión, empleo e ingresos. Además de propuestas de integración, desarrollo agropecuario, infraestructura y formalización minera para Puno y para la Sierra.
Lo más probable es que constatemos una voluntad reformadora débil. Ante eso, sería indispensable que en el Congreso se organice una oposición de centro derecha constructiva y propositiva, pero firme, que apruebe las reformas necesarias y fiscalice la gestión del Ejecutivo y los cambios que debe ejecutar en términos de reintroducir meritocracia, eficiencia, simplificación administrativa y destrabe de proyectos públicos y privados.
Pero ello probablemente no ocurrirá si los partidos políticos mismos, los líderes, no acuerdan entre ellos unas bases de plan de gobierno que puedan servir de guía para sus bancadas en el Congreso, tratando de recuperar la relación con ellas. Y para que esto ocurra, sería clave que la sociedad civil a su vez adquiera un protagonismo mucho mayor al perfil bajo que suele tener. Gremios empresariales, universidades, centros de investigación o think tanks tienen que proponer y demandar reformas fundamentales. Este es el momento. Lampadia
